Recurre el suplicatorio enviado al Congreso para suspender su inmunidad porque «adolece del rigor necesario»
MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
La defensa del exministro de Transportes José Luis Ábalos ha presentado este viernes un escrito ante el juez del Tribunal Supremo que le ha abierto causa por su presunto papel en el ‘caso Koldo’, recurriendo la decisión de elevar suplicatorio al Congreso de los Diputados para la suspensión de su inmunidad. Insiste en subrayar que ha habido una investigación ilegal contra su persona.
En el recurso de reforma, al que ha tenido acceso Europa Press, solicita la nulidad de las actuaciones «por entender que se han vulnerado tanto las garantías procesales (…) como los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución» y avanza que si el magistrado Leopoldo Puente no atiende esta petición llevará su recurso al Tribunal Constitucional (TC) a través de un recurso de amparo por vulneración de los derechos fundamentales.
Ábalos incluye en este escrito el texto de la denuncia presentada esta misma semana ante la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se detalla que fue investigado ilegalmente siendo aforado por la Unidad Central Operativa (UCO), dado que se accedió a su correspondencia privada, violando así el secreto de las comunicaciones.
Además, explica que el auto de Puente que justifica la solicitud de suplicatorio se basa en «tres únicas diligencias practicadas»: la declaración de Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la trama, la declaración de Koldo García, su asesor en el Ministerio, y «observaciones telefónicas y documentación» proporcionadas por la Audiencia Nacional y practicadas por la UCO de la Guardia Civil.
«NUNCA EN LOS ANALES DE LA AUDIENCIA NACIONAL»
Ábalos enfatiza que el juez menciona en su auto que ha tenido en consideración los documentos presentados por De Aldama y García, así como las intervenciones telefónicas y registros domiciliarios, añadiendo que de la documentación aportada «únicamente» se conoce la que proporcionó el presunto conseguidor.
También aclara el letrado del exministro que le resulta sorprendente que el auto no indique que Ábalos haya intervenido para obtener beneficios económicos a partir de las adjudicaciones de contratos públicos que son objeto de investigación.
Recuerda que, durante el interrogatorio a De Aldama, el juez preguntó «cómo podía corroborar la entrega de un dinero en efectivo que no vio, así como los porcentajes de reparto entre Koldo García y Ábalos».
Tras esto, afirma que «no ha existido nunca ninguna relación personal entre el Sr. Aldama y el Sr. Ábalos Meco», y que lo único que existe son «las manifestaciones de De Aldama que no se pueden tomar como ciertas».
Lamenta que «se pretende acusar de la recepción de dinero efectivo metálico (fiscalmente opaco), sin que haya prueba documental o gráfica, más allá de las palabras de un investigado», y recalca que eso no es «indicio suficiente sino mera sospecha, y en ningún momento existen hechos probados».
Señala que De Aldama «ha conseguido la excarcelación con unas declaraciones realizadas ante el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la AN y que fue puesto en libertad por el Juzgado Central de Instrucción número 5, sin que a día de hoy se le haya tomado declaración para saber si coopera o no coopera».
Además, destaca que «en los anales de la Audiencia Nacional no existe una cooperación con el Ministerio Fiscal en virtud de la cual se hagan manifestaciones para imputar a representantes de un Gobierno», y añade que «nunca en los anales de la AN se ha puesto de una forma tan inusual en libertad a un presunto colaborador con la Administración de Justicia».
Le resulta asombroso que después de «la famosa declaración» de De Aldama, «nadie le ha pedido la documentación en ese momento», lo que «significa que estamos a raíz de lo que quiera manifestar De Aldama», y añaden que nunca se ha puesto en libertad a un preso preventivo «obviando todos los principios penitenciarios».
«HECHOS MUY GRAVES»
Después de estas observaciones, el letrado de Ábalos subraya que el exministro ha sido objeto de una investigación de la UCO que debe llevar a la nulidad de las actuaciones.
Recuerda que la UCO interceptó su «correspondencia privada», siendo aforado como diputado, en el contexto de la investigación del ‘caso Koldo’, y destaca que con este hecho «de suma gravedad» se vulneró su derecho fundamental al secreto de las comunicaciones.
Indica que la UCO interceptó el teléfono de su exasesor Koldo García y grabó una conversación entre ambos. A través de ella, pudieron averiguar que García le enviaría documentación que había recibido del ya exsubsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez, la cual iba a llegar a través del hermano de Koldo García, Joseba García.
Especifica que el 4 de noviembre de 2023, Joseba García se reunió con él en su domicilio en Valencia y que previamente recogió la documentación en Madrid de manos de Koldo García. Señala que entre Alicante y Valencia, la furgoneta de Joseba fue interceptada por el Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil, que tras un registro localizó el sobre que contenía la documentación, «nombrada en la parte delantera a nombre de José Luis Ábalos Meco». «En el adverso estaba cerrado y con el sello oficial del MITMA», explica en el recurso que reproduce su denuncia ante la FGE.
El exministro señala que los agentes del GAR abrieron el sobre «y fotografiaron toda la documentación que contenía». El letrado aclara que también se «tomaron fotografías a la salida» y de su coche, luego investigando en bases de datos policiales la titularidad del mismo, que está a su nombre.
EL PISO DE TORRE ESPAÑA
El letrado también menciona que Ábalos «ni disfrutó ni percibió» el alquiler de un piso en la Plaza España de Madrid donde residía su expareja, recordando que, según lo declarado ante Puente, «era un piso arrendado y que abonaban los hermanos García Izaguirre y –Alberto– Escolano, (…) porque se le adjudicaba como vivienda de empresa». Indica que en realidad, su expareja «nunca estuvo domiciliada» en dicha propiedad.
Sobre el alquiler con opción a compra de un chalet en la urbanización de La Alcaidesa (Cádiz), que se menciona como otra de las presuntas dádivas de la trama para Ábalos, la defensa explica que ya ha acreditado documentalmente que las rentas del mismo fueron abonadas por el exministro «en su integridad», y que «de acuerdo con la propiedad se resolvió de mutuo acuerdo entre ambas partes».
«Difícilmente pudo obtener ningún beneficio económico como consecuencia de dicho arrendamiento y mucho menos cuando tuvo que atender los requerimientos de la Agencia Tributaria», añade.
Finalmente, concluye que queda demostrado «de una forma inequívoca (…) que el suplicatorio adolece del rigor necesario».