MADRID 6 Mar. –
La Abogacía del Estado ha solicitado la exclusión del magistrado conservador del Tribunal Constitucional (TC) José María Macías en las deliberaciones sobre los recursos de amparo presentados por el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y los ex consejeros Raül Romeva y Dolors Bassa respecto a la decisión del Tribunal Supremo (TS) de no amnistiarles la malversación del ‘procés’, según informan fuentes jurídicas.
De acuerdo a las fuentes consultadas, los Servicios Jurídicos del Estado sustentan su petición en las mismas razones que el TC utilizó para separar a Macías de los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad en contra de la ley de amnistía. Es decir, que siendo vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se pronunció sobre la medida de gracia en dos textos institucionales.
En primer lugar, se refiere a la declaración institucional aprobada el 6 de noviembre de 2023 por el anterior CGPJ a instancias del bloque conservador, en el cual Macías estaba incluido. En esa declaración, advertía que si la ley de amnistía llegaba a aprobarse —de la cual solo se conocían negociaciones—, esto equivaldría a la «abolición» del Estado de Derecho en España.
El segundo texto es el informe sobre la amnistía emitido por el CGPJ el 21 de marzo de 2024 a solicitud del Senado, donde se concluyó que es inconstitucional por infringir los principios de separación de poderes e igualdad ante la ley. Aunque fue redactado por el vocal conservador Wenceslao Olea, Macías apoyó su aprobación, entre otros.
Macías fue recusado por la Fiscalía en la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el TS contra la ley de amnistía, utilizando esos mismos argumentos. El 15 de enero, con 6 votos a favor de la mayoría progresista y 4 en contra de la minoría conservadora, el Pleno del TC aceptó la solicitud del Ministerio Público y apartó a Macías de este asunto.
En el próximo Pleno, el 29 de enero, se acordó extender su recusación a otros asuntos sobre la amnistía que estaban tramitándose en ese momento, incluyendo 16 recursos del PP; los ejecutivos y parlamentos de las comunidades autónomas donde gobierna el PP; y el del Gobierno socialista de Emiliano García Page en Castilla La Mancha; así como las dos cuestiones formuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Posteriormente, en el Pleno del 11 de febrero, el TC admitió a trámite los recursos de amparo presentados por Junqueras, Romeva y Bassa, quienes no pudieron acudir a la corte de garantías hasta que se cerró la vía de la jurisdicción ordinaria tras la ratificación del TS en su decisión de no aplicar la amnistía a la malversación del ‘procés’.
Es precisamente en estos recursos de amparo donde la Abogacía del Estado ha recusado a Macías. Cabe recordar que los Servicios Jurídicos del Estado ya intentaron apartar al magistrado de todos los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, aunque el TC lo rechazó por unanimidad al considerar que esta serie de recusaciones se presentó de forma extemporánea, ya que en septiembre pasado esos 20 asuntos aún estaban en fase de admisión.
Tras la aceptación de la recusación presentada por la Fiscalía, Macías se convirtió en el segundo magistrado excluido del debate sobre la amnistía ante el TC. El progresista Juan Carlos Campo decidió abstenerse, dado que cuando fue ministro de Justicia, afirmó en informes a favor de indultar a los líderes del ‘procés’ que la amnistía era «claramente inconstitucional».
LOS AMPAROS DEL ‘PROCÉS’
Junqueras, Romeva y Bassa impugnaron dos resoluciones del Supremo: la del 1 de julio, que les negó la aplicación de la amnistía; y la del 30 de septiembre, donde el tribunal confirmó su decisión al desestimar sus súplicas.
Los tres dirigentes condenados por el ‘procés’ acudieron a la corte de garantías, argumentando que la decisión del Supremo vulneró sus derechos fundamentales. Los magistrados que juzgaron el proceso independentista catalán en el TS se negaron a amnistiar la malversación a los condenados por el referéndum ilegal del 1-O, al interpretar que sí obtuvieron un beneficio personal y sí impactaron en los intereses financieros de la Unión Europea.
La negativa del Supremo afectó directamente a Junqueras, Romeva y Bassa, ya que los tres habían sido condenados por malversación. La decisión del alto tribunal de no aplicarles la ley mantuvo vigentes las condenas de inhabilitación que se les impusieron.
Al presentar su caso ante el TC, también solicitaron como medida cautelar la suspensión de las penas de inhabilitación, que son las únicas que tienen vigentes tras los indultos, que les absolvió de la prisión. La Constitución ha abierto una pieza separada para analizar dicha solicitud. Por el momento, los magistrados han solicitado al Ministerio Público y a los recurrentes que presenten sus alegaciones.
Si finalmente el TC decide cautelarmente suspender la pena de inhabilitación, quedarían habilitados para optar a un cargo público hasta que el Constitucional se pronuncie sobre el fondo de sus recursos de amparo, según fuentes jurídicas. No obstante, las mismas resaltan que es «frecuente» que se pidan tales medidas cautelares, pero «rarísimo» que se concedan.
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