MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha comenzado acciones previas para investigar las reclamaciones presentadas por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su predecesora, Dolores Delgado, en relación con la difusión de datos personales incluidos en la documentación enviada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al Tribunal Supremo (TS) dentro del marco de la causa que indaga sobre el liderazgo del Ministerio Público.
Según ha informado el CGPJ, la Dirección de Supervisión y Control de Datos del CGPJ «ha iniciado actuaciones previas en relación con los escritos recibidos en el órgano de gobierno de los jueces a raíz de la notificación a las partes en la causa especial 20557/2024 que se sigue en el Tribunal Supremo sobre un informe elaborado por la UCO».
El CGPJ asegura que esta dirección «realizará las acciones que sean pertinentes» considerando los escritos enviados tanto por García Ortiz como por Delgado, quien actualmente es fiscal de sala coordinadora de la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática.
El Consejo subraya que «las competencias de las autoridades de protección de datos sobre las operaciones de tratamiento realizadas con fines jurisdiccionales por los juzgados, tribunales y oficinas judiciales, conforme a lo dispuesto en el artículo 236 octies de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), corresponden al CGPJ».
El pasado lunes, García Ortiz envió una carta al CGPJ demandando que «se adopten las medidas de protección personal e intimidad que sean necesarias o se inste a las autoridades competentes para que lo hagan». Asimismo, solicitó «las medidas provisionales necesarias y adecuadas para garantizar el derecho fundamental a la protección de datos», según fuentes jurídicas consultadas.
Delgado, en la misma línea, dirigió el mismo día cartas al CGPJ y al Tribunal Supremo, donde expresaba su queja sobre la difusión de datos personales contenidos en el informe de la UCO, incluyendo su número de teléfono, «sin adoptar medidas de precaución que evitaran la filtración de esta información».
La ex fiscal general del Estado enfatizó que ha estado recibiendo «llamadas anónimas reiteradas» que no ha contestado, lo que ha provocado «inquietud y desconcierto» en su vida personal y profesional debido a la falta de «medidas mínimas de prevención». Como resultado, ha tenido que cambiar de dispositivo.
TELÉFONOS, DIRECCIONES Y DNI Las quejas se deben a documentos adjuntos al último informe entregado por la UCO al TS, concerniente al tráfico de llamadas del fiscal general entre el 8 y el 14 de marzo.
Dichos documentos contienen información personal —números de teléfono, direcciones postales y DNI— tanto del fiscal general como de un escolta, y otros individuos como un abogado y un periodista.
Esta documentación está relacionada con la causa en la que el TS investiga a García Ortiz, así como a otros dos fiscales —Pilar Rodríguez y Diego Villafañe— por la alegada filtración contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El instructor Ángel Hurtado está indagando en la filtración de un correo electrónico enviado el 2 de febrero de 2024 por la defensa de González Amador al fiscal Julián Salto, donde se le ofrecía reconocer dos delitos fiscales a cambio de un acuerdo; así como en la denuncia presentada por la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid contra el novio de la presidenta.
Además, Hurtado investiga una nota de prensa emitida el 14 de marzo por la Fiscalía para desmentir lo que consideraba un «bulo», en referencia a una noticia publicada a las 21:29 horas del 13 de marzo por El Mundo, que afirmaba que el Ministerio Público había ofrecido un pacto a González Amador. En ese comunicado se detalló el intercambio de correos electrónicos entre Salto y la defensa, que contenía datos personales.