MADRID 22 Mar. –
Un total de 211 migrantes han logrado desde 2020 autorización definitiva de residencia y trabajo en España por circunstancias excepcionales derivadas de su colaboración contra redes criminales organizadas, en cumplimiento del artículo 59.1 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.
Este dato fue proporcionado por el Gobierno en una respuesta parlamentaria, en la que Vox solicitó información sobre el número de inmigrantes ilegales que no han sido expulsados por acogerse a este artículo de la Ley 4/2000.
En concreto, esta ley contempla que el extranjero en situación irregular en España puede quedar exento de responsabilidad administrativa y no ser expulsado si denuncia, como víctima o testigo, a los autores o cooperadores de delitos como el tráfico ilícito de seres humanos, inmigración ilegal, explotación laboral o prostitución, abusando de su situación de necesidad.
El Gobierno aclara que las 211 «autorizaciones definitivas de residencia y trabajo» se han concedido entre 2020 y el 22 de enero de 2025, considerando estas circunstancias excepcionales.
NO EXISTE LA FIGURA DE PERSONA ILEGAL
El partido que encabeza Santiago Abascal también se interesó por el número de expulsiones realizadas desde 2019. Según el Gobierno, se tramitaron 4.677 órdenes en ese año, cifra que disminuyó a 2.000 casos en 2000 y 2021, durante los años más difíciles de la pandemia, y luego aumentó a 3.031 expulsiones en 2024.
No obstante, el Gobierno aclara a Vox que se trata de personas en situación administrativa irregular y que, según la legislación española, «no existe la figura de persona ilegal».
«Dentro del Sistema de Acogida de Protección Internacional, las personas beneficiarias son solicitantes o beneficiarias de protección internacional», se señala en otra respuesta escrita fechada el 21 de febrero.
El Gobierno se refiere al Programa de Atención Humanitaria, cuyo objetivo es atender las necesidades básicas de las personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad que llegan a las costas españolas o acceden a nuestro país por vía terrestre a través de Ceuta y Melilla.
Esta atención se proporciona a través de centros públicos gestionados directamente por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o por medio de recursos gestionados en colaboración con entidades del tercer sector autorizadas, según detalla el Ejecutivo.