La Rioja, Región de Murcia y Baleares, muy críticas, acusan al Ejecutivo de «mercadear» con los niños migrantes
MADRID, 18 Mar. –
La Comunidad de Madrid, Aragón, Cantabria, Galicia, Andalucía y Castilla y León son las regiones que han mostrado su intención de acudir a los tribunales tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Junts para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería con respecto al reparto de menores migrantes no acompañados, incluyendo a aquellos que se encuentran en territorios con alta presión migratoria, como es el caso de Canarias.
Específicamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que llevará ante los tribunales y la Unión Europea (UE) el acuerdo «lamentable» sobre el reparto de menores migrantes, criticando la política migratoria del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como «un lastre para todos».
En términos similares se ha expresado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, quien ha indicado que, tras la publicación del real decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los servicios jurídicos de la comunidad estudiarán el documento para presentar un recurso ante los tribunales españoles y europeos.
Por su parte, el Gobierno de Cantabria ha reiterado al Ejecutivo de Pedro Sánchez la necesidad de «lealtad institucional, información y colaboración» en lo que respecta al reparto de menores migrantes que llegan solos a España. Después de señalar que las propuestas anteriores eran «inconstitucionales», han decidido analizar el contenido legal para defender sus intereses ante los tribunales.
Asimismo, los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno, y de Galicia, Alfonso Rueda, ambos del PP, han criticado la «falta de información» del Gobierno central sobre el reparto de menores migrantes no acompañados, y no han descartado un posible recurso en los tribunales tras recopilar y analizar todos los datos necesarios.
Del mismo modo, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha instruido a los servicios jurídicos de la región a recurrir el real decreto de reparto de menores migrantes y las normas de desarrollo, destacando la falta de comunicación oficial por parte del Gobierno sobre el reparto, que debería ser «acordado y jamás impuesto».
«MERCADEAR CON NIÑOS MIGRANTES»
En un tono distinto, las comunidades de La Rioja, Región de Murcia y Baleares también han expresado su crítica respecto a este pacto. En concreto, el Ejecutivo riojano ha manifestado que «no tiene ninguna información» sobre el expediente aprobado y ha solicitado «lealtad y diálogo» al Gobierno central.
El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha denunciado la situación «insostenible» de la comunidad, que ha «sobrepasado» el 200% de su capacidad real y ha exigido un reparto equitativo entre las distintas regiones.
Por otro lado, el Govern balear se ha opuesto a la recepción de 59 menores migrantes no acompañados y ha indicado que la Abogacía de la comunidad autónoma revisará las obligaciones del decreto y evaluará si se puede rechazar.
NO SE PRONUNCIAN
En contraposición, varias comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura, Comunidad Valenciana o Navarra no han emitido pronunciamiento alguno sobre este tema por el momento.
En otro sentido, las comunidades de Euskadi, Canarias y Cataluña han considerado «positivo» este acuerdo, aunque han señalado que aún hay margen de mejora, como ha señalado Euskadi.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha admitido que desconoce el texto definitivo del acuerdo, pero lo ha calificado como una «magnífica noticia».
Respecto a Cataluña, el Govern ha manifestado, a través de la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, que la región está completamente dispuesta a asumir y poner en marcha el acuerdo desde una perspectiva «humanista y no mercantilista» hacia los menores.
ACOMPAÑAMIENTO FINANCIERO
El Gobierno ha asegurado que desde 2022 se han trasladado 1.000 menores migrantes no acompañados, lo que representa el 52% de los compromisos adquiridos con las comunidades autónomas en los últimos tres años. Así lo ha informado la ministra Sira Rego en declaraciones a los medios en el Ministerio de Juventud e Infancia tras el acuerdo.
En este contexto, la ministra ha enfatizado que el real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros incluye un acompañamiento financiero para las regiones, resaltando el objetivo de buscar la «complicidad» de las comunidades autónomas.
También ha indicado que la propuesta se discutirá en la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y de Adolescencia, donde el Gobierno la tratará con las comunidades autónomas. Sin embargo, Rego ha añadido que, si no se aprueba por mayoría absoluta en la Sectorial, el contenido será «de obligado cumplimiento».
El Gobierno ha garantizado en las disposiciones adicionales del decreto la suficiente financiación mediante un fondo asignado al Ministerio de Juventud e Infancia, para el que se dispondrá de un crédito extraordinario de 100 millones de euros en 2025.
En cuanto a los criterios fijados por la propuesta, estos se basan en parámetros como la población (50%), renta per cápita (13%), tasa de desempleo (15%), esfuerzo (6%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%).