El Pleno del Congreso deberá **aprobar el levantamiento del fuero** en una próxima sesión plenaria, aún sin fecha.
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
La Comisión del estatuto del Diputado ha **apoyado** este martes por unanimidad conceder el suplicatorio que había solicitado el Tribunal Supremo para **investigar al exministro socialista José Luis Ábalos** en el contexto del llamado ‘caso Koldo‘. Esta decisión requiere la aprobación del Pleno del Congreso en una futura sesión.
Después de una hora de reunión a puerta cerrada, el presidente de la comisión, Manuel Cobo, del PP, ha comunicado el resultado de las deliberaciones, subrayando que la decisión fue **adoptada por unanimidad** con la presencia de todos los grupos parlamentarios. En los últimos 35 años, todos los suplicatorios han sido concedidos.
Cobo considera que «se ha **hecho un buen trabajo**», cumpliendo «todos los trámites» y dando audiencia al diputado implicado, que no solo ofreció explicaciones verbalmente este lunes, sino que también proporcionó **alegaciones de 88 folios**.
CONSTARÁ LA QUEJA DE ÁBALOS
Ante la comisión, el exministro y ahora **diputado del Grupo Mixto** ha afirmado que ha sido objeto de una «operación» para implicarle en el caso de su exasesor Koldo García, añadiendo que la Policía judicial le ha **investigado irregularmente**, sin autorización del Congreso. El informe de la comisión documentará que el afectado alega **irregularidades en el proceso**.
Una vez aprobado el dictamen a favor de **levantar el fuero**, el siguiente paso será su votación en el Pleno del Congreso. El Reglamento estipula que debe votarse en el siguiente Pleno ordinario, que no se llevará a cabo hasta febrero, cuando comience un nuevo periodo de sesiones, aunque no se descarta que la Mesa o la Junta de Portavoces adelanten el procedimiento y lo incluyan en la sesión plenaria prevista para el 22 de enero para convalidar decretos leyes.
Es importante destacar que el debate y la votación de los **suplicatorios en el Pleno del Congreso** no son públicos, ya que se llevan a cabo en un hemiciclo a puerta cerrada y sin transparencia. Los diputados no están obligados a seguir consignas de voto, ya que su voto es secreto, y solo se hace público el resultado.
En un plazo de ocho días, tras el acuerdo del Pleno de la Cámara sobre la **concesión o denegación de la autorización solicitada**, Armengol notificará a la autoridad judicial, informándole de la necesidad de comunicar a la Cámara los autos y sentencias que afecten personalmente al diputado.
NO SE RECHAZA UN SUPLICATORIO DESDE 1988
Hasta ahora, el Congreso ha **aprobado 33 suplicatorios** y ha rechazado 14, de los cuales dos estaban vinculados al mismo diputado. La última negativa data de 1988 y estaba relacionada con un contencioso sobre el derecho al honor que involucraba al **exministro socialista José Barrionuevo** y el hermano de un etarra por la inclusión de sus fotos en carteles del Ministerio del Interior.
El último **suplicatorio aprobado** se remonta a septiembre de 2022, cuando la Cámara permitió al Supremo investigar al exdiputado del PP Alberto Casero por presuntos delitos de **prevaricación y malversación** relacionados con contratos que realizó como alcalde de Trujillo (Cáceres).
Durante esa legislatura, también se concedieron suplicatorios a **Laura Borràs**, expresidenta de Junts, condenada por fraccionar contratos en favor de un amigo en su etapa en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), y a Alberto Rodríguez, exdiputado de Podemos, condenado por agredir a un policía durante una manifestación. Aunque su condena fue posteriormente anulada por el Tribunal Constitucional, ya no pudo recuperar su escaño.
En legislaturas pasadas se autorizó juzgar a tres diputados del PP —Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte— que dieron positivo al volante, y el anterior suplicatorio permitió investigar a **Jesús Merino** por el ‘caso Gürtel’. El caso del exconsejero socialista **José Antonio Viera**, investigado por los ERE, no se completó por su dimisión.
Entre los suplicatorios concedidos también destacan los del exministro socialista **José Barrionuevo** por el ‘caso GAL’ y los de los diputados de Herri Batasuna **Jon Idígoras**, **Francisco Letamendía** y **Antxón Ibarguren** por incidentes en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de dicha coalición realizaron protestas en un acto presidido por los Reyes.