MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) –
Ignacio Cosidó, quien fuera director general de la Policía Nacional y senador del Partido Popular (PP), ha **negado este jueves haber tenido conocimiento** de las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial que se habrían llevado a cabo sobre cargos de Podemos. Además, ha aclarado que cualquier pesquisa policial **compete a las diferentes unidades operativas**.
Así se ha pronunciado en su declaración como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional que indaga ese presunto espionaje ilegal a líderes de Podemos, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
Cosidó, quien ha indicado a la salida que está **contento con su declaración**, sin ofrecer más detalles, habría explicado al juez instructor, Santiago Pedraz, que a él solo se le informaba de asuntos relevantes y que, en cualquier caso, el director adjunto operativo (DAO) de ese entonces, Eugenio Pino, no le daba cuentas de las investigaciones a pesar de estar a su cargo.
En este sentido, Cosidó ha defendido, según las fuentes presentes en su declaración, la figura de Pino –**investigado en esta causa**– dado que ha explicitado que el DAO de la Policía no investiga, solo impulsa u ordena investigar.
Por otro lado, ha **negado tener conocimiento** de la elaboración de documentos como el ‘informe PISA’ –un documento falsario sobre la financiación de Podemos– y ha recalcado que solo lo conoció tras su publicación en medios. Además, ha negado conocer o recordar que se hicieran viajes al extranjero para indagar en dicha financiación, a pesar de que tenía que autorizarlos.
Esta declaración se produce después de que Pedraz escuchase el pasado mes de diciembre a varios testigos, entre ellos el comisario Mariano Hervás, que era el ‘número dos’ de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía en la etapa de la ‘Kitchen’; Bonifacio Díez Sevillano, un policía adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO); y al comisario José Manuel García Catalán.
Ese mismo mes, el instructor practicó la testifical de Carlos Alberto Arias, un ciudadano venezolano al que se citó para que diese cuenta del justificante que habría presentado y que apuntaba a una presunta transferencia que el régimen ‘chavista’ habría realizado al ex secretario general de Podemos y exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias.
LA QUERELLA DE PODEMOS
Podemos presentó una **querella ante la Audiencia Nacional** por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desechó estos dos últimos delitos al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados. Para más información sobre este proceso legal, consulta [este artículo](https://www.europapress.es/nacional/noticia-podemos-presenta-querella-ante-audiencia-nacional-20230912123318.html).
En su escrito, el partido morado aseguraba que los querellados –bajo el supuesto liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad– «se ocupaban de realizar **investigaciones prospectivas** ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política».
Además, la formación fundada por el exvicepresidente Pablo Iglesias apuntaba que Martínez daba cuenta periódicamente a Fernández Díaz, **aprovechándose de su condición de autoridad pública** y con la colaboración de agentes policiales.
OCHO ACTUACIONES CONCRETAS
El objetivo principal, según el partido, era su **posterior filtración a los medios de comunicación** bajo el marchamo de fiabilidad de las «fuentes policiales» para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos. Para profundizar en este caso, visita [este análisis](https://www.theguardian.com/world/2023/jan/10/podemos-legal-issues-investigation-links).
Este modo de operar, indicaba la querella, se concretó en **ocho actuaciones**, como la investigación al entonces líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento «falsario» de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.