El tribunal ordenó al Ejecutivo hacerse cargo de unos mil menores migrantes que han solicitado asilo en las islas.
MADRID, 25 de mayo. –
El Tribunal Supremo (TS) llevará a cabo el próximo jueves una vista para que el Gobierno explique las medidas implementadas con respecto a aproximadamente mil menores migrantes no acompañados que han pedido asilo en Canarias. Esto se debe a que la Administración del Estado no ha cumplido la orden judicial para hacerse cargo de ellos ante la **»situación de hacinamiento»** que atraviesan.
Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo tomaron esta decisión para que la Administración del Estado informe sobre el cumplimiento de la medida cautelar que le impuso el Supremo, para asegurar en un plazo de 10 días el acceso y permanencia de estos menores en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional.
La Sala Tercera aclaró que la respuesta recibida de la Administración demandada «parece indicar que no se ha cumplido en sus propios términos» con lo requerido el pasado 25 de marzo, por lo que se cita tanto a la Administración del Estado como a la comunidad autónoma de Canarias –esta última como demandante– a la mencionada vista pública.
En la vista, la Administración del Estado deberá informar sobre el cumplimiento de la medida cautelar, en específico sobre varios puntos. Primero, deberá detallar los menores que ya han sido evaluados individualmente en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional y aquellos que estén pendientes de evaluación.
Para los menores ya evaluados, la relación detallada que debe proporcionar «deberá incluir el recurso de acogida asignado a cada uno de ellos, así como la lista de los que aún esperan por la asignación del recurso de acogida.»
El alto tribunal añadió que, si el sistema actual no cuenta con los recursos necesarios para ejercer dicha competencia estatal, se debe presentar «detalles de las iniciativas concretas adoptadas para obtenerlos por cualquier forma prevista y el plazo para su obtención.»
En este proceso, la Administración del Estado también deberá informar sobre las **»unidades administrativas responsables»** de llevar a cabo estas acciones, además de los **»acuerdos o protocolos establecidos»** con la comunidad autónoma de Canarias y el calendario previsto para su ejecución.
LA CAUTELAR DEL SUPREMO
Es importante resaltar que, en su auto del pasado 25 de marzo, el Supremo dictó una medida cautelar positiva, exigiendo a la Administración del Estado que, en un plazo improrrogable de 10 días, garantizara el acceso y permanencia de estos menores en el **Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional**.
En particular, se refiere a aquellos que están actualmente bajo los servicios de protección de menores de Canarias y que hayan solicitado protección internacional o expresado su intención de hacerlo, con la colaboración necesaria de la comunidad autónoma. Estas acciones deben realizarse bajo el principio del **superior interés del menor**.
Los magistrados argumentaron que la medida cautelar era **»imprescindible para corregir la actual situación de hacinamiento»** en que se encuentran estos menores, la cual es **»abiertamente incompatible con el superior interés del menor que resulta obligado proteger.»**
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