MADRID 24 Ene. –
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha anunciado este viernes que ha comenzado el procedimiento para la declaración como Lugar de Memoria Democrática del monumento dedicado a los abogados asesinados en Atocha en enero de 1977, ubicado en la plaza de Antón Martín de Madrid, debido a su gran relevancia histórica.
Este monumento fue instalado en el año 2002 a propuesta de Comisiones Obreras y conmemora el acto terrorista, que se recuerda en este día, donde los tres abogados laboralistas — Enrique Valdevira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz, Francisco Javier Sauquillo–, el estudiante de derecho Serafín Holgado y el trabajador del despacho Ángel Rodríguez Leal, fueron asesinados por un comando de ultraderecha.
El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y la comisionada para la celebración de los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, Carmina Gustrán, llevaron a cabo este viernes una ofrenda floral frente al Monumento que rinde homenaje a las víctimas.
El Gobierno sostiene que este ataque fue «un intento de acabar con la Transición, siendo el propio despacho de los abogados de Atocha un símbolo especial en la lucha antifranquista y en defensa de las libertades democráticas». Según afirmaciones del Ejecutivo, «las acciones de este despacho, y de muchos otros de similares características, fueron fundamentales para proporcionar apoyo a muchos ciudadanos en los últimos años del franquismo».
Los letrados laboralistas del bufete de Atocha eran miembros de Comisiones Obreras y del Partido Comunista de España (PCE). Realizaban gestiones con las administraciones, atendían consultas de los trabajadores y se personaban en juicios. Eran expertos en diversas áreas del derecho, incluyendo el derecho laboral, seguridad social, derecho penal, financiero, procesal y civil, habiéndose incorporado a la lucha por recuperar las libertades en España, «en un entorno en el que los derechos laborales estaban extremadamente limitados».
Más de cien mil personas asistieron al entierro de los asesinados, convirtiéndose en una de las primeras manifestaciones multitudinarias tras la muerte del dictador Francisco Franco. Este acto fue seguido por huelgas y muestras de solidaridad en todo el país.