Concluye que hace «apología del franquismo» e incurre en «menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas»
MADRID, 26 May. –
El Gobierno está afinando la documentación que fundamentará el procedimiento para la extinción de la Fundación Francisco Franco (FNFF) y contempla incluso solicitar la suspensión provisional de las actividades de la entidad hasta que haya resolución judicial.
Esto se desprende de la respuesta enviada al diputado de ERC, Francesc Marc Álvaro, quien pidió más información tras los comentarios del ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en el Pleno del Congreso, donde expresó su confianza en que todo el proceso para instar la extinción esté concluido «en el presente ejercicio».
En virtud de la Ley de Memoria Democrática, el Gobierno abrió un periodo de actuaciones previas en junio para recopilar información y elementos de juicio necesarios para motivar el inicio del procedimiento. Este proceso fue conducido por el Ministerio de Cultura, que gestiona el Protectorado de Fundaciones, responsable de instar judicialmente la extinción. En particular, solicitó informes sobre la Fundación Franco a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y al Registro de Fundaciones de competencia estatal.
Según el plan del Gobierno, tras obtener esa información, se abrirá el procedimiento y se comunicará el expediente a la fundación, otorgándole un plazo para formular alegaciones. Además, se acordó solicitar un informe a la Abogacía General del Estado.
El ministro de Memoria Democrática mencionó en marzo que su departamento había elaborado un primer informe, aunque tuvo que complementarlo para «armar el expediente» ante posibles «circunstancias y vericuetos legales» que pudiera utilizar la fundación, que modificó sus estatutos el año anterior.
También adelantó que la Abogacía del Estado había finalizado su informe y que lo remitirá a Cultura «de la manera más inmediata posible». Una vez que el departamento de Ernest Urtasun cuente con todos los documentos, «se procederá a formular la extinción a las instancias judiciales».
ELEMENTOS JURÍDICOS, HISTÓRICOS Y TESTIMONIALES
En su respuesta escrita a Álvaro Vidal, el Gobierno señala que, «después de recabar y analizar elementos jurídicos e históricos, de carácter documental y testimonios», el departamento dirigido por Torres enviará «de forma inminente» a Cultura el correspondiente informe que avala el inicio del procedimiento.
«Concluye que procede que por parte del Protectorado se inste judicialmente la extinción de la FNFF», y se solicitará, en su caso, la suspensión provisional de las actividades de la misma hasta que se dicte sentencia. El Gobierno también podrá solicitar «medidas cautelares que se consideren necesarias para la eficacia de la suspensión de actividades».
Es decir, el ministerio de Torres concluye que se cumplen las causas establecidas en la disposición adicional quinta de la Ley de Memoria Democrática, asegurando que esta fundación «no persigue fines de interés general» y que sus actividades son contrarias a tales fines.
PLATAFORMA 2025, A FISCALÍA
Además, el documento constata que no solo hace «apología del franquismo», «ensalza el golpe de Estado y la dictadura o enaltece a sus dirigentes», sino que también incurre en «menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo», así como la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales.
Por otro lado, el Gobierno ha informado al diputado de ERC que ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática los actos conmemorativos organizados por la llamada Plataforma 2025, para reivindicar el legado de Francisco Franco, por si la «exaltación de la sublevación militar, de la guerra y de la dictadura» pudiera «ser constitutivos de un delito de odio o cualquier otra tipología penal».