MADRID 23 May. –
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido investigar al inspector de la Policía Nacional **Bonifacio Díaz Sevillano**, quien comparecerá como investigado el próximo 6 de junio a las 10.15 horas. Esta investigación se centra en presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre varios cargos de **Podemos**.
Así se detalla en una providencia a la que se ha tenido acceso, donde el instructor accede a realizar el interrogatorio a petición de la formación ‘morada’, que se ha personado en la causa. La Fiscalía apoyo la diligencia tras escuchar a este como testigo.
Sin embargo, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 ha denegado la petición de **Podemos** para imputar a los excargos del Gobierno de Venezuela, **Nervis Villalobos** y **Javier Ochoa Alvarado**, al considerar insuficientes los indicios para tomarles declaración «al no tener relación con la causa».
En marzo, durante sus declaraciones, ambos testigos indicaron que altos funcionarios policiales, incluido Bonifacio Díaz, se acercaron a ellos para obtener información sobre los cargos de **Podemos**, incluso proporcionándoles fichas policiales para la identificación.
El juez también ha denegado citar al exjefe de Información de la Policía, **Germán Rodríguez**, ya que ya ha «declarado como investigado». Asimismo, ha rechazado solicitar la relación de «todos los viajes» de los investigados a **Estados Unidos**, **Venezuela**, **República Dominicana** o **Colombia** entre 2014 y 2016 por considerarla «prospectiva».
Finalmente, declara que «no hay lugar para la ampliación del ‘objeto del proceso’ respecto a dirigentes que no fueran diputados o senadores».
Entre las diligencias pendientes, se espera que el exjefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional, **Marcelino Martín Blas**, declare como testigo el próximo 4 de junio a las 10.30 horas, junto a otro agente policial citado para ese mismo día.
LA QUERELLA DE PODEMOS
Más de un año ha pasado desde que el juez admitió la querella presentada por **Podemos** por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se incluyó malversación y un delito contra las instituciones del Estado, pero el magistrado desechó estos dois últimos delitos al considerar que no se subsumen en los hechos relatados.
En su documento, **Podemos** afirmaba que los querellados, bajo el supuesto liderazgo del exsecretario de Estado de Seguridad, «realizaban investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, sin control judicial ni del Ministerio Fiscal sobre los individuos de la organización política».
La formación también resaltó que **Martínez** informaba periódicamente a **Fernández Díaz**, aprovechando su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales.
El objetivo, según el partido, era la filtración a los medios de comunicación, presentando la información como fiable gracias a las «fuentes policiales», buscando desprestigiar a la formación ante la opinión pública y atacando así la indemnidad de sus diputados y otros cargos públicos.
Este modo de actuar, según la querella, se evidenció en ocho actuaciones, incluyendo la investigación al entonces líder del partido **Pablo Iglesias** en el informe **PISA**, la filtración de un documento «falsario» vinculado a su cuenta en el **Euro Pacific Bank Limited**, y la manipulación de documentos policiales internos para dar apariencia de legalidad a las acciones de los querellados.
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