Sumar y ERC demandan una red digital pública europea y coinciden con el PSOE en la necesidad de aumentar la supervisión de las privadas.
MADRID, 23 Feb. –
El PSOE busca el apoyo del Congreso para fortalecer la identidad digital europea y establecer medidas que eviten el uso del anonimato en redes para eludir responsabilidades, asegurando responsabilidades para los proveedores de servicios en caso de vulneración de derechos de los usuarios.
Así se refleja en una proposición no de ley que han presentado para su debate en el Pleno del Congreso, donde enfatizan que el restablecimiento de la confianza en las redes y la protección de los derechos digitales «requiere que Europa promueva una digitalización humana y humanista, fundamentada en la regulación y en los valores tradicionales de la Unión».
Con este texto, al que ha tenido acceso, el PSOE busca que la Cámara apoye al Gobierno en impulsar, dentro de las instituciones europeas, iniciativas que permitan que Europa avance en «soberanía digital y tecnológica», proponiendo acciones concretas en este aspecto.
En este contexto, se plantea avanzar en la implementación de la Identidad Digital Europea y examinar medidas para evitar que el anonimato sea un medio para eludir responsabilidades. Se proponen ir «más allá» de lo que establece la Ley europea de Servicios Digitales para mejorar la supervisión de las plataformas digitales y complementar su modelo de transparencia algorítmica, clarificando cómo operan.
Los socialistas también apoyan evaluar en el marco del Reglamento de la Unión Europea «posibles medidas para reforzar la responsabilidad de los prestadores de servicios digitales en caso de violación de derechos y libertades fundamentales de los usuarios».
SOBERANÍA DIGITAL
Esta iniciativa no es la única registrada en el Congreso en este ámbito. También Sumar y ERC plantean sus propuestas, incluyendo un aumento del control sobre el sector tecnológico y la necesidad de crear plataformas digitales públicas.
En concreto, Sumar aspira a que España abogue en la UE por la creación de redes y plataformas de dominio público y que se añada a la Ley de Industria y Autonomía Estratégica un capítulo para la promoción de medios digitales propios, que fortalezcan una infraestructura digital sin «dependencia» de las grandes empresas de Silicon Valley.
En esta línea, se pide revisar los acuerdos comerciales y regulatorios con estas empresas, exigiendo que las grandes tecnológicas cumplan con sus obligaciones tributarias y de protección de la libertad de expresión. Se hace especial hincapié en la transparencia de sus criterios de moderación de contenidos y en la responsabilidad por lo que difunden, tanto en procesos electorales como en el debate público.
ACABAR CON EL «TECNOFEUDALISMO»
Por su parte, ERC también exige una regulación «más estricta» para las tecnológicas y que, de manera paralela, el Gobierno impulse la creación de una red social europea de financiación pública, tanto comunitaria como de los Estados miembros, que acepte colaboración privada pero respete las garantías democráticas y la protección de datos y la transparencia algorítmica.
El objetivo de ERC es frenar el «tecnofeudalismo», que consideran que practican empresas como Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Alphabet (Google, YouTube), X (anteriormente Twitter) y TikTok, al «imponer sus reglas sobre el debate público y gestionar la información que se consume diariamente» convirtiendo a los usuarios en «siervos digitales».