Se trata de un cambio legal que el PNV introdujo en una ley de Justicia y que Podemos ha solicitado derogar antes de su implementación.
MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) –
La agilización de los desahucios en casos de ‘okupación’ con allamiento de morada entrará en vigor a principios del próximo mes de abril, a menos que se apruebe una ley orgánica que lo derogue en estos tres meses, como ha exigido Podemos al Gobierno.
Este cambio legal fue introducido por el PNV en el Pleno del Congreso con el respaldo del PP y Junts, recibiendo votos a favor de Bildu y ERC, quienes después reconocieron que se habían equivocado. En contraste, tanto el PSOE como Sumar y Podemos se opusieron, mientras que Vox optó por abstenerse.
JUICIOS RÁPIDOS
Después de esa votación, la enmienda del PNV se incorporó al proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, que completó su tramitación parlamentaria sin modificar este artículo.
En concreto, se modifica el artículo 795.1 de la LECrim para que los delitos de usurpación de morada (artículo 245 del Código Penal) y allanamiento de morada (artículo 202 del Código Penal) se tramiten por el procedimiento abreviado de los procesos judiciales, conocidos como juicios rápidos, lo que permitirá acelerar su resolución y los desahucios que puedan llevarse a cabo.
Este viernes, la Ley de Eficiencia del Servicio de la Justicia se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), estableciendo su entrada en vigor dentro de tres meses, el 3 de abril, cuando comenzará la aplicación de esta agilización de los desahucios.
SIN APOYOS PARA REVOCARLO
Sin embargo, para ayudar a mantener la ley en su última votación del Congreso, Podemos anunció que el Gobierno se había comprometido a derogar este cambio legal promovido por el PNV. Esto requeriría que en estos tres meses el Ejecutivo impulsara otra ley orgánica para corregirlo, algo que el PNV, Junts, el PP y Vox no tienen intención de apoyar.
El PNV ya expresó su fuerte oposición cuando la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, habló sobre derogar este cambio legal. Según Aitor Esteban, su propuesta se centra únicamente en el desalojo de ‘okupas’ que han ingresado ilegalmente en viviendas ajenas, lo que no tiene relación con familias vulnerables que no pueden hacer frente a un alquiler.