El Gobierno aumenta la presión a las capitales e insiste en que España asumirá los costes, sin proporcionar aún una cifra concreta.
Los 27 esperan votar la propuesta el martes, a pesar de las reservas de los servicios jurídicos del Consejo.
BRUSELAS, 23 May. –
La última propuesta del Gobierno para **convencer** a sus socios europeos sobre el reconocimiento del **catalán**, **euskera** y **gallego** como lenguas oficiales en la UE establece su oficialidad para 2027, aunque con una implementación parcial. Desde esa fecha, únicamente se traducirán los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, representando en la última legislatura menos del 3% de todos los actos jurídicos.
La oferta presentada a los 27, según fuentes, propone modificar el marco lingüístico para incluir las tres lenguas cooficiales a partir de 2027. La reforma contempla una «derogación» inmediata que exime a las instituciones de la UE de redactar y publicar todos sus actos legislativos en **catalán**, **euskera** y **gallego**. Los Veintisiete deberán revisar esta derogación en un plazo de cuatro años para decidir su futuro, con un nuevo acuerdo que requerirá unanimidad.
La propuesta aclara que este freno no afectará a los reglamentos, que son de aplicación directa en toda la UE. Según estadísticas de la UE, durante la última legislatura se tramitaron 12.065 actos jurídicos, de los cuales el 2,6% (316) fueron reglamentos.
Para abordar las preocupaciones de los países sobre el coste de la reforma, el Gobierno incluye una declaración que asegura que España asumirá todos los costes de la oficialidad de **catalán**, **euskera** y **gallego**, sin ofrecer aún cifras. Este compromiso se presenta como un considerando, en contraste con el marco actual que establece que el gasto recaerá en las arcas comunitarias.
A falta de un plan detallado para la implementación de las 27 lenguas oficiales, España indica que «en los próximos meses» se coordinará con las instituciones de la UE para presentar una propuesta sobre los recursos necesarios para «no aplicar o reducir gradualmente» la derogación en el reglamento para cada lengua.
DECISIÓN POR UNANIMIDAD EL MARTES
El tema figura en la agenda como punto de «adopción» en el Consejo de ministros de Asuntos Generales de la UE el martes, 27 de mayo. Sin embargo, se trata de una reforma que requiere la unanimidad de los Estados miembros y plantea dudas legales y financieras no resueltas para varias delegaciones.
En este contexto, el Gobierno presentó a los embajadores un documento más detallado, desde que se planteó la petición en septiembre de 2023, pidiendo modificar el reglamento de lenguas para incluir las tres cooficiales. Aún no ha logrado el apoyo necesario, pero ha intensificado la presión a las capitales, según un alto diplomático europeo.
La unanimidad exige que ningún país se oponga, aunque las abstenciones no impedirían una decisión; tampoco está garantizada la votación, ya que la agenda puede modificarse.
ESPECIFICIDADES DEL CASO ESPAÑOL
El texto presentado no menciona el inicio por la oficialidad del **catalán** ni deja para más tarde las del **euskera** y **gallego**, y propone una progresión diferente: iniciar la traducción de reglamentos desde el 1 de enero de 2017 y revisar en 2031 si se modifica la derogación sobre el resto de documentación.
En los primeros debates técnicos y de embajadores, la propuesta española ha encontrado resistencia por parte de los servicios jurídicos del Consejo, que expresaron dudas sobre la base legal de esta reforma. Sin embargo, un dictamen negativo no impide la decisión de los Veintisiete.
La falta de una evaluación de impacto sobre los costes y las implicaciones prácticas de la reforma ha sido un obstáculo para varios países, incluidos Francia e Italia, que expresaron preocupaciones financieras sobre la propuesta.
En diciembre de 2023, la Comisión Europea ofreció una estimación de 132 millones de euros al año (44 millones por lengua), aunque advirtió que era un cálculo preliminar basado únicamente en la historia del gaélico. Irlanda solicitó su inclusión en 2005; fue adoptada en 2007, pero no obtuvo su estatus pleno hasta el 1 de enero de 2022 debido a su implementación gradual.
Los países bálticos, con minorías lingüísticas rusas, también temen abrir una «caja de Pandora» y que este cambio establezca un precedente. El Gobierno insiste en las especificidades del caso español y de sus lenguas cooficiales, reconocidas en la Constitución antes de su entrada en la UE, y su uso en el Congreso y el Senado.
Además, argumenta que España ya traduce muchos documentos legislativos y propone que, en una declaración adjunta a la reforma, el Consejo establezca que cualquier futura petición de otra lengua «será evaluada caso por caso y deberá cumplir criterios estrictos».
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