Consejeros del tribunal solicitaron la suspensión del pago de subvenciones electorales al haberse incluido en sus listas a condenados de ETA.
MADRID, 18 May. –
El Ministerio del Interior ha cerrado la controversia sobre si Bildu debería recibir subvenciones del Estado a pesar de tener condenados de ETA en sus listas municipales. Además, ha enfatizado que todos los candidatos de esta formación abertzale firman un documento comprometiéndose a rechazar la violencia para alcanzar sus objetivos políticos.
La disputa surgió a finales de febrero en el Tribunal de Cuentas durante la deliberación sobre la aprobación del informe de fiscalización de las elecciones locales de mayo de 2023. Cuatro consejeros, propuestos por el PP, recordaron que en esos comicios Bildu presentó a 23 candidatos con condenas por terrorismo, subrayando que el artículo 127.4 de la Ley Electoral prohíbe otorgar subvenciones a formaciones que incluyan a condenados por terrorismo, a menos que hayan «rechazado públicamente los fines y los medios utilizados».
En un voto particular, los consejeros argumentaron que el Tribunal de Cuentas debía bloquear el pago de subvenciones a Bildu hasta confirmar que los candidatos condenados por terrorismo ratificaban su rechazo a la violencia.
Sin embargo, en la sesión del Tribunal de Cuentas, presidida por Enriqueta Chicano, se impuso la mayoría, que argumentó que la verificación del rechazo al terrorismo no es una tarea del fiscalizador, sino de la entidad que otorga las subvenciones, que corre a cargo de la Dirección de Política Interior del Ministerio liderado por Fernando Grande-Marlaska.
1,3 MILLONES EN SUBVENCIONES
El PP respondió pidiendo la comparecencia en el Congreso de la subsecretaria de Interior, Susana Crisóstomo Sanz, y solicitó explicaciones al Ministerio sobre este asunto, reclamando el «expediente completo de las subvenciones percibidas por Bildu por concurrencia a las elecciones municipales de 2023, desglosadas por todos los conceptos».
En su respuesta, que ha sido divulgada, el Interior explica que, conforme a la ley, abonó a Bildu el anticipo del 30% solicitado para la campaña electoral de mayo de 2023. Fue meses después, en noviembre, cuando se recordó que entre los candidatos municipales de esa coalición había personas con condenas por pertenencia o colaboración con ETA.
En respuesta, Bildu presentó declaraciones individuales firmadas por todos los candidatos mencionados, fechadas antes de la proclamación de candidaturas, donde se expresa el rechazo a la violencia.
«Como parte de los principios del Código Ético firmado, donde el diálogo, la negociación y el acuerdo son fundamentales, así como el respeto mutuo entre la comunidad de EH Bildu y el resto de la ciudadanía, declaro que apruebo los objetivos políticos de EH Bildu, rechazando cualquier acto que implique agresión a los derechos humanos y el uso de la violencia con fines políticos», indica el texto firmado por los candidatos de Bildu.
Así, el Ministerio de Interior considera cumplido el requisito legal del rechazo al terrorismo y comunica al Tribunal que ha tomado las medidas adecuadas para el pago de las subvenciones solicitadas por la formación liderada por Arnaldo Otegi.