MADRID 22 Mar. –
El Ministerio del Interior se encuentra en las etapas finales de negociación con la Xunta de Galicia para establecer el convenio de la Unidad de Policía Adscrita en esta comunidad autónoma, tras el reciente acuerdo firmado con Andalucía. Además, el ministerio está llevando a cabo negociaciones con los gobiernos de Aragón y de la Comunitat Valenciana, según han indicado fuentes de este departamento.
Estas unidades operan bajo la responsabilidad de la Dirección General de la Policía Nacional, aunque su funcionamiento depende de las consejerías de Interior de cada comunidad autónoma, de acuerdo a los convenios firmados.
De acuerdo al convenio específico con cada comunidad autónoma, la Policía Adscrita asume funciones que abarcan desde la **seguridad de autoridades e instalaciones autonómicas**, hasta la **vigilancia en traslados de menores infractores**, así como aspectos relacionados con el **absentismo escolar** y la **protección del medio ambiente y patrimonio**.
CARTA DEL MINISTRO EN ENERO DE 2024
Las negociaciones con las autonomías bajo el gobierno del PP han avanzado un año después de un intercambio de reproches y tras el envío de una carta en enero de 2024, en la que el ministro del Interior, **Fernando Grande-Marlaska**, instaba a las comunidades a asumir la mitad del coste de estas Unidades Adscritas de la Policía Nacional.
En esa carta, Marlaska respondía a las quejas de los gobiernos autonómicos del PP, reconociendo las «dificultades» causadas por la falta de actualización de estas unidades.
«Estoy plenamente comprometido en realizar todos los esfuerzos necesarios para la **conservación y recuperación** de sus capacidades», afirmó el ministro del Interior.
En este contexto, Grande-Marlaska subrayó que era **esencial** que las CCAA cumplieran con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1986 para **financiar** las unidades adscritas cubriendo un importe anual equivalente al 50% de los costes de mantenimiento.
FIRMA CON ANDALUCÍA
Las negociaciones iniciadas por la Secretaría de Estado de Seguridad culminaron con la firma del convenio con la Junta de Andalucía el pasado 13 de febrero.
El Gobierno andaluz se comprometió a financiar ese 50% de las retribuciones del personal y a asumir los gastos correspondientes a las inversiones y el mantenimiento de las instalaciones, así como los medios técnicos y la **contratación de servicios** necesarios para que la unidad adscrita cumpla con su labor, como recordaron fuentes del Ministerio del Interior.
«Después de años de reivindicaciones y ofrecimientos al Ministerio, hoy esto es una realidad gracias al **diálogo** y la **lealtad institucional**», aseguró el consejero andaluz de la Presidencia e Interior, **Antonio Sanz**. El convenio incluye la incorporación, en un plazo de cuatro años, de 270 nuevos efectivos a la Unidad de Policía Nacional Adscrita, alcanzando un total de 632 agentes.
NEGOCIACIÓN AL MÁS ALTO NIVEL CON GALICIA
De igual forma, la Xunta de Galicia y el Ministerio del Interior han comenzado negociaciones «al más alto nivel» para la renovación del convenio de la unidad de la Policía Nacional adscrita a Galicia, según confirmaron fuentes de ambos gobiernos el pasado 21 de febrero.
La financiación de esta unidad, operativa desde 1991 en Galicia, así como el aumento de efectivos, son demandas que han sido reiteradas por el Parlamento de Galicia.