Ordenó el bloqueo de los fondos y desglose de los movimientos realizados
MADRID, 22 Ene. –
El juez Santiago Pedraz está investigando en Portugal las cuentas bancarias de 27 empresas vinculadas a la presunta trama de fraude de hidrocarburos liderada por Víctor de Aldama, que habría generado un perjuicio de más de 182,5 millones de euros en el sector de los carburantes por concepto de IVA, al sospechar que podrían haber desviado hasta 68,6 millones de euros al país luso.
Según el sumario de la causa, al que ha tenido acceso, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional emitió una orden europea de investigación el pasado julio para solicitar la colaboración de las autoridades portuguesas. En noviembre, amplió esta orden para obtener más información.
El juez está pidiendo a Portugal el bloqueo de las cuentas bancarias de las empresas implicadas, así como «informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que las entidades bancarias correspondientes hayan identificado».
En cuanto a las cuentas, también solicita los movimientos realizados «desde su contratación o, en su caso, desde el 1 de mayo de 2020 hasta la recepción de la petición, identificando las cuentas de origen y destino, así como las personas físicas y jurídicas intervinientes».
Además, requiere que se localice e identifique el domicilio social y de actividad de cada una de las empresas, así como datos de los accionistas, socios y apoderados «actuales e históricos, desde su constitución hasta la actualidad».
También está solicitando que se verifique el patrimonio (bienes muebles e inmuebles) y que se identifiquen los productos bancarios y financieros, así como cajas de seguridad que tengan contratadas las personas físicas o jurídicas que aparezcan como titulares o autorizados.
INVERSIONES INMOBILIARIAS
En la orden europea de investigación, el juez señala que la Guardia Civil identificó en uno de sus informes las sociedades vinculadas a la supuesta trama en Portugal que habrían recibido «fondos procedentes de la operadora (Still Growing SL-Villafuel SL) y de las siete suministradoras involucradas en el fraude (Canary Island Fuel Company SL, Salamanca Fuel Centre SLU, Carburantes Jalón Plaza SL, Espaeventos SL y Skyward Tech SL)».
Estas empresas habrían funcionado «como puntos intermedios o finales» de un posible «canal de blanqueo que permitió a los altos mandos de la organización criminal transferir y ocultar más de 68 millones de euros derivados del fraude a la Hacienda Pública, en cuentas contratas en Portugal, identificando, en determinados casos, retornos a España».
«Por el momento se han identificado retornos de capital a la empresa patrimonial española MTM 180 CAPITAL SL, desde donde, directivos de la organización criminal, canalizaban dichos fondos hacia la adquisición de bienes inmuebles, muebles y otras inversiones, concretamente desde las cuentas de las mercantiles portuguesas Atmosferaaudaz Unipessoal LDA y Agarrobvio Unipessoal LDA», agrega.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indica en un informe que De Aldama es «administrador único y titular real» de Atmosferaaudaz Unipessoal, empresa que se habría utilizado «para canalizar y dificultar la trazabilidad de los fondos obtenidos del fraude contra la Hacienda Pública».
Por otro lado, en un oficio de 9 de enero emitido por la Oficina de Recuperación y Gestión de Bienes (ORGA), dependiente del Ministerio de Justicia, se menciona que el juez Pedraz acordó que este organismo gestionara cuentas bancarias, productos petrolíferos, vehículos e inmuebles de la trama.
Esta oficina también informa que actualmente están gestionando 73 bienes inmuebles sobre los que existen «anotaciones de prohibición de disponer o enajenar», tal como determinó el juzgado.