Tomará declaración también este miércoles a un ex comisario jefe de la UDEF
MADRID, 19 Ene. –
El juez instructor de la Audiencia Nacional que investiga las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial llevadas a cabo sobre cargos de Podemos tomará declaración este miércoles a partir de las 10.15 horas a José María González, quien fuera secretario general de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía en abril de 2016.
En una providencia, se detalla que González supuestamente habría propuesto una actuación administrativa favorable a Carlos Alberto Arias, un ciudadano venezolano que presentó un justificante sobre una presunta transferencia que el régimen ‘chavista’ habría realizado al ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.
Esta actuación se habría realizado «en virtud de la colaboración que viene prestando». El objetivo ahora es que detalle en sede judicial la referida «colaboración» y si estuvo relacionada con la formación ‘morada’.
Ese mismo día, el juez Santiago Pedraz escuchará a Manuel López Vázquez, quien hasta marzo de 2016 fue comisario jefe de la UDEF y predecesor en sus funciones del también testigo José Manuel García Catalán.
LA QUERELLA DE PODEMOS
Cabe recordar que en febrero de 2024, Pedraz admitió parcialmente la querella de Podemos contra el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el exdirector Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino y otros altos cargos de la Policía por las mencionadas investigaciones prospectivas. Sin embargo, rechazó investigar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al exdirector general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó y a otros responsables policiales.
La querella se presentó por delitos de organización criminal, apoderamiento, revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se incluyó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desestimó estos dos últimos tipos penales por no poder ser subsumidos en los hechos relatados.
En su escrito, Podemos afirmaba que los querellados, bajo el liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad, «realizaban investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política».
Además, la formación indicaba que Martínez informaba periódicamente al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, quien tenía la decisión última, aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la cooperación de agentes policiales.
OCHO ACTUACIONES CONCRETAS
El objetivo principal, según el partido, era la posterior filtración a los medios de comunicación con el respaldo de «fuentes policiales» para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, afectando así la indemnidad de sus diputados y demás miembros públicos.
Este modo de operar, indicaba la querella, se manifestó en ocho actuaciones, incluyendo la investigación al entonces líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento «falsario» de una cuenta a su nombre en Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos y registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a las actuaciones de los querellados.
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