MADRID 28 Abr. –
La Audiencia Nacional juzga desde hoy a Yolanda Martínez y a Luna Fernández, dos mujeres de nacionalidad española para las que la Fiscalía solicita seis años de cárcel por su integración en la organización terrorista Estado Islámico (DAESH). Regresaron junto a sus hijos a España en 2023 tras desplazarse voluntariamente a la zona de conflicto sirio-iraquí junto a sus maridos, a raíz de la proclamación del «pseudocalifato» por Abú Bakr al Baghdadi.
En el escrito de acusación se detalla que ambas «participaron en actividades en favor de la organización yihadista DAESH» antes de su desplazamiento, y que su viaje al conflicto se realizó «con plena voluntad de mantener su integración en la organización terrorista, en su núcleo de poder territorial».
Según el fiscal, Yolanda Martínez «tuvo un papel destacado en España dentro del grupo de mujeres de la Brigada Al Andalus». Se menciona que mantuvo conversaciones con su esposo, «compartiendo ideología» y acordando «no permanecer estática ante el conflicto sirio y pasar a la acción».
Por otro lado, la Fiscalía indica que Luna Fernández desempeñó también un «rol clave» en el grupo de mujeres de la Brigada Al Andalus, siendo incluso reconocida como «liderazgo dentro del grupo».
EL CALIFATO
El fiscal resalta que, tras la proclamación del califato de Estado Islámico en 2014, ambas respondieron a la interpelación de Al Baghdadi, estableciéndose en el territorio dominado para «colonizar» y contribuir al establecimiento de infraestructuras propias de un estado.
Ambas adoctrinaron en la ideología de DAESH a los menores que dependían de ellas, un hecho que, según el fiscal, «no es simplemente una cuestión civil». Se cita un informe del Instituto Elcano que subraya que en DAESH, el papel de la mujer está restringido al ámbito doméstico, cumpliendo funciones de madre y esposa, responsables de educar en las creencias del salafismo yihadista.
Añade que «una apoyaba la actividad de su esposo, miembro de un tribunal yihadista, y la otra, a su esposo combatiente en DAESH».
Se recuerda que la pérdida de control territorial del DAESH tras la caída de Baguz, y las condiciones de vida en el campo de Al Hawl fueron las causas por las que ambas solicitaron ser repatriadas a España, a pesar de haber manifestado su adhesión a los postulados de DAESH.
El fiscal presenta un vídeo del 4 de abril de 2019, donde se observa a ambas, como prueba de que Martínez perteneció a Estado Islámico, al reconocer que les otorgaron una vivienda al llegar al conflicto, algo que se concedía a quienes colaboraban con la administración del «pseudocalifato».
En el vídeo, Luna Fernández refleja una «interiorización de una visión extremista del Islam», donde la sharia prevalece sobre las leyes nacionales, a pesar de su intento de distanciarse de DAESH en la entrevista.
El fiscal concluye pidiendo una pena de seis años de prisión para ambas, con inhabilitación absoluta durante doce años y libertad vigilada por cinco años.
EN LIBERTAD PROVISIONAL
En septiembre de 2024, la Audiencia Nacional acordó la libertad provisional de ambas, obligándolas a designar un domicilio para notificaciones y a comparecencias semanales, prohibiéndoles salir del país y retirándoles el pasaporte.
Al retornar a España en enero de 2023, ambas regresaron con 13 menores: cuatro son hijos biológicos de Yolanda Martínez y nueve están a cargo de Luna Fernández, de los cuales cinco son biológicos.