BRUSELAS 7 Oct. (EUROPA PRESS) –
El Parlamento Europeo evaluará el impacto de reconocer el catalán, el euskera y el gallego como lenguas de uso en sus sesiones plenarias. Esta decisión fue impulsada por la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, para contar con datos suficientes antes de pronunciarse sobre la petición del Gobierno de oficializar estas lenguas en la Unión Europea.
De acuerdo con lo informado por Metsola a los demás miembros de la Mesa del Parlamento en una reunión en Estrasburgo (Francia) este lunes, también se discutió la última carta enviada por el Gobierno español defendiendo esta iniciativa, según han señalado fuentes parlamentarias a Europa Press.
Concretamente, el análisis recaerá en el Grupo de Trabajo de la Mesa sobre Lenguaje de los Ciudadanos y Servicios Lingüísticos, compuesto por cinco vicepresidentes de la Eurocámara, entre ellos dos españoles: Esteban González Pons (PP) y Javi López (PSC).
Este grupo de trabajo fue creado en septiembre y está presidido por el eurodiputado liberal eslovaco Martin Hojsík, quien también cuenta con un representante de la Izquierda Europea, el francés Younous Omarjee, y otro de los ultraconservadores de ECR, la italiana Antonella Sberna.
Aunque Metsola no ha establecido una fecha límite para finalizar la evaluación de impacto, las fuentes consultadas por Europa Press sugieren que tomará «meses más que semanas», y descartan que el trabajo se prolongue más allá en la legislatura. Se busca obtener información clara sobre el coste que representaría la traducción en las sesiones plenarias en términos de personal e infraestructuras, así como evaluar si hay suficiente personal cualificado para garantizar las interpretaciones de las tres lenguas.
«Se trata de encontrar una solución» que permita «tomar decisiones» basadas en las conclusiones y propuestas del grupo de trabajo, subrayan las fuentes. Aunque este asunto es una prioridad en la agenda del actual Gobierno español, la cuestión de las lenguas minoritarias no es exclusiva de España.
No en vano, aunque el Gobierno sostiene que la especificidad del caso español y las lenguas cooficiales no se puede extrapolar a otros Estados miembros, en Bruselas consideran que este debate es de interés para los 27, dado el precedente que podría establecer con respecto a otras lenguas minoritarias en la UE.
HASTA TRES CARTAS DE ALBARES
Aunque es la tercera vez que se presenta la oficialidad del catalán, euskera y gallego ante la Mesa, es la primera ocasión que se lleva un seguimiento formal, ya que en ocasiones anteriores no hubo «apetito» por abordar el tema. Este cambio se produce tras la nueva legislatura, donde ha variado el equilibrio de representación de los diversos partidos en el ‘Bureau’ de la Eurocámara.
Desde septiembre de 2022, Metsola ha recibido tres cartas formales del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, reivindicando el uso de las tres lenguas cooficiales en la Eurocámara, siguiendo los «arreglos administrativos» que ya se aplican en el Consejo y la Comisión Europea.
Paralelamente, el Gobierno ha intentado avanzar en una propuesta para modificar el reglamento de lenguas de la UE, buscando que estos tres idiomas sean reconocidos oficialmente a nivel comunitario, uno de los acuerdos en el pacto del PSOE con Junts para asegurar la investidura de Pedro Sánchez.
Sin embargo, las reticencias de varios países han estancado esta negociación en el Consejo, debido a dudas legales, prácticas y financieras que surgen en distintas capitales respecto al reconocimiento de las tres lenguas. Para abordar estas incertidumbres, el Gobierno ha propuesto que sea España quien asuma los costes de traducción de la inclusión de estas lenguas como oficiales en la UE.
De acuerdo con estimaciones preliminares de la Comisión Europea, el coste ascendería a 132 millones de euros anuales, basado en la experiencia con el gaélico y su uso en todas las instituciones de la UE, lo que no es directamente aplicable al uso de catalán, gallego y euskera en las sesiones plenarias.