Khan reclama también una orden de arresto contra el jefe del aparato judicial afgano por «persecución por motivos de género»
MADRID, 23
El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, ha solicitado este jueves que se emitan órdenes de arresto contra el líder supremo de los talibán, el mulá Hebatulá Ajundzada, y el responsable del aparato judicial en Afganistán, Abdulhakim Haqqani, por supuestos crímenes contra la humanidad relacionados con la «persecución por motivos de género» contra las mujeres afganas.
Khan ha declarado en un comunicado que estas solicitudes se han realizado tras las investigaciones que indican que hay «motivos razonables» para atribuirles responsabilidad penal por el crimen de persecución por motivos de género.
El fiscal ha manifestado: «Mi oficina ha concluido que estos dos ciudadanos afganos son penalmente responsables de perseguir a niñas y mujeres afganas, así como a individuos que los talibán consideran incumplidores de sus expectativas ideológicas en relación a la identidad de género o expresión.»
Además, ha señalado que «esta persecución ha ocurrido desde al menos el 15 de agosto de 2021, cuando los fundamentalistas tomaron Kabul, hasta la fecha actual, en todo el territorio afgano».
«Esta continua persecución implica graves privaciones de derechos fundamentales, en violación del Derecho Internacional, incluyendo el derecho a la integridad física y la autonomía, la libre circulación y expresión, la educación, la vida privada y familiar, y la libertad de reunión», ha explicado.
Khan ha añadido que «estas severas violaciones de derechos fundamentales han sido cometidas en conexión con otros crímenes bajo el Estatuto de Roma», enfatizando que la resistencia a los talibán ha sido brutalmente reprimida mediante crímenes como homicidios, encarcelamientos, torturas, violaciones, desapariciones forzadas y otros actos inhumanos.
Estas son las primeras solicitudes que su oficina presenta para la emisión de órdenes de arresto en relación con la situación en Afganistán. No obstante, Khan ha indicado que «pronto» se plantearán solicitudes adicionales para la detención de «otros altos cargos» de las autoridades talibanes en el país centroasiático.
UNA PERSECUCIÓN SIN PRECEDENTES
Las peticiones «se fundamentan en diversas pruebas» y Khan ha remarcado que «mujeres, niñas y miembros de la comunidad LGTBI enfrentan una persecución sin precedentes e inconcebible por parte de los talibán».
«Nuestra acción muestra que el ‘statu quo’ de las mujeres y las niñas en Afganistán no es aceptable. Las supervivientes afganas, especialmente mujeres y niñas, merecen responsabilidad», ha subrayado Khan.
Además, ha afirmado que «la interpretación de la ‘sharia’ por parte de los talibán no debe usarse para justificar la privación de derechos fundamentales o la comisión de crímenes bajo el Estatuto de Roma».
Asimismo, ha elogiado el «extraordinario coraje» de las víctimas y testigos que cooperaron en las investigaciones y ha agradecido el «inestimable apoyo» de la sociedad civil afgana y de «socios» del TPI en «varias organizaciones nacionales e internacionales».
Khan ha afirmado que corresponde a los jueces del TPI determinar si estas solicitudes de órdenes de arresto son razonables y, si se dictan, su oficina trabajará para lograr la detención de Ajundzada y Haqqani.
«Seguimos investigando la situación en Afganistán y los presuntos delitos cometidos por los talibán y el Estado Islámico Provincia de Jorasán (ISKP)», ha señalado, reiterando que «las víctimas y supervivientes afganas han sufrido injusticias durante mucho tiempo» y comprometido a trabajar para «garantizar que no sean olvidadas» y lograr el cumplimiento efectivo del Derecho Internacional.
RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
Desde su retorno al poder en agosto de 2021, los talibán han impuesto severas restricciones a los derechos fundamentales de la población, especialmente a mujeres y niñas, prohibiendo su trabajo en el sector público, salvo en educación y sanidad, aunque esto ha sido aún más restringido recientemente.
Además, han prohibido que las mujeres salgan solas en público o viajen más de 70 kilómetros sin un acompañante masculino, y les han impedido participar en deportes o asistir solas a restaurantes en ciertas provincias.
Los talibán han restringido también el acceso a la educación para niñas más allá de la educación primaria, mientras aumentan los matrimonios infantiles y la violencia de género, tal como documenta Naciones Unidas.
En agosto, promulgaron la denominada Ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, institucionalizando la discriminación y expandiendo restricciones que incluyen una «ley del silencio» que estipula que la voz de la mujer solo puede ser escuchada «en casos de necesidad».
A pesar de las promesas de los talibán de reabrir escuelas para niñas, las alumnas de cursos superiores siguen sin poder asistir a clase, a pesar de las diversas peticiones internacionales.
El régimen talibán no ha recibido reconocimiento de ningún país ni organización internacional hasta el momento, aunque el grupo solicita que se levanten las sanciones impuestas a Kabul para ayudar a las autoridades a enfrentar la crisis social y económica que se intensificó en 2021.