La magistrada considera «difícilmente admisible» la tesis de la «ignorancia» de Argüeso respecto a la evolución de la emergencia el 29O.
VALÈNCIA, 24 Abr. –
La jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), que se encarga de la investigación sobre la gestión de la dana, ha acordado citar como testigos al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo; a los alcaldes de Paiporta, Maribel Albalat; Catarroja, Lorena Silvent; y Sedaví, José Francisco Cabanes; al entonces jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset; y a otros ocho técnicos y altos cargos de Emergencias.
En un auto emitido por la magistrada a cargo de la instrucción, se responde a las diligencias solicitadas por Emilio Argüeso, quien fuera secretario autonómico de Emergencias el 29O y que está investigado junto a la exconsellera Salomé Pradas. Argüeso había solicitado la declaración como investigados de Polo, Basset, la jefa del servicio de Coordinación de Emergencias 112 y una técnica de Comunicación, pero la magistrada rechaza esta solicitud, citándolos como testigos junto con otras nueve personas.
En el auto, la jueza aclara que la declaración como investigados «solo estaría legitimada en su petición por quien ostenta la condición de perjudicado, y requeriría una motivación específica que no se presenta en la solicitud» de Argüeso, y añade que ni la integración de estas personas en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ni su pertenencia a la Administración Autonómica encargada de la emergencia son «elementos suficientes».
«De otro modo, estaremos ante una clara atribución genérica e indiscriminada de responsabilidades en relación a unos hechos de extrema gravedad que han sido extensamente documentados, precisamente por quien era Secretario Autonómico de Emergencias y quien debía haber seguido las instrucciones en la gestión de emergencias», señala la magistrada.
RECHAZA LA «TESIS DE LA IGNORANCIA»
La magistrada apunta que el cargo de Argüeso en la consellería “no puede limitarse a esperar que se le informe, a pesar de que datos, circunstancias, llamadas e informes estaban a su disposición”. Esto hace que sea «difícilmente admisible» la tesis de la ignorancia sobre la evolución de la emergencia, y añade que, ante un evento meteorológico grave, Argüeso podría haber solicitado información por su cuenta.
Además, justifica su decisión de rechazar la declaración como investigados de las cuatro personas propuestas. En referencia a Miguel Polo, recuerda que la fiscalía se opuso a la querella presentada en su contra por la asociación Hazteoír, señalando que no hay indicios de delito que justifiquen tal condición.
La instructora resalta que «no se puede alegar desconocimiento de los responsables de emergencias de la Generalitat Valenciana sobre el SAIH, ni de su accesibilidad, ni de forma paralela atribuir responsabilidad penal al presidente de la CHJ», y añade que más allá de los correos electrónicos enviados entre las 16:13 y las 18:43 horas que informaban sobre el caudal, «es fundamental considerar la información proporcionada por el SAIH», que registró un aumento de 493.3 m3/segundo a las 18:00 hasta 1.941 a las 19:20.
La visualización de estos datos se realizaba a través de la aplicación SAIHWIN, que, según informes, debería estar disponible para la CCE. La magistrada concluye que «no es admisible en modo alguno» que el secretario autonómico desconociera el SAIH y cómo acceder a los datos, subrayando que tal ignorancia sería parte de la negligencia atribuible a su gestión durante la emergencia.
«LOS BARRANCOS ESTÁN A PUNTO DE COLAPSAR»
También recalca el tipo de emergencia que atravesaba la provincia de Valencia el 29 de octubre: «un grave riesgo de inundación», recordando que Argüeso envió un mensaje a las 14:44 horas en WhatsApp alertando que los barrancos «están a punto de colapsar».
Esto evidencia un claro conocimiento de que podían producirse desbordamientos, no solo en la zona de Carlet, sino también en el barranco del Poyo. La magistrada enfatiza la conexión entre los fallecimientos, la posición de garante y la inactividad de quien ocupaba dicha posición.
La jueza admite los testimonios como testigos del Director General de Emergencias y Extinción de Incendios, Alberto Javier Martín; el director de la empresa pública SGISE, Raúl Quílez; la directora general de Prevención de Incendios Forestales, Rosa Tourís; el Subdirector General de Emergencias, Jorge Suárez; los tres alcaldes; la comisaria de Aguas de la CHJ, Cristina Sola; y otros altos cargos de la Policía Autonómica y Emergencias.
COMPROMÍS E INTERSINDICAL
En otros dos autos, la magistrada ha autorizado la personación como acusación popular de Compromís e Intersindical, tras el pago de sendas fianzas de 6.000 euros. Igualmente, ha establecido la misma cantidad para un particular que pueda ejercer la acusación popular, tras admitir su querella exclusivamente respecto de los dos investigados y denegarla en relación al presidente de la Generalitat Valenciana, por su condición de aforado.
NO INVESTIGARÁ FILTRACIONES
En un quinto auto, desestima un recurso de reforma sobre la obtención indiscriminada de los audios de las llamadas de auxilio al 112, invocando el secreto de las comunicaciones. En otro auto, rechaza la solicitud de investigación por parte de la defensa de la exconsellera respecto a filtraciones a los medios sobre el acta notarial que presentó, que incluía un listado de llamadas de su teléfono móvil.
La magistrada señala que esta petición «choca con cuestiones de orden práctico y jurídico», y que el elevado número de partes en el procedimiento hace «materialmente imposible» determinar el origen de la filtración. También resalta el alto interés público del procedimiento y menciona el secreto profesional que protege a los periodistas.
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