MADRID, 25 de mayo.
La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas tiene programado discutir este martes sobre la conveniencia de que el Tribunal de Cuentas elabore un informe de fiscalización sobre la **restitución al PNV del palacete de París** que ocupó el gobierno vasco en el exilio y que actualmente alberga la sede del Instituto Cervantes en la capital francesa.
Los grupos parlamentarios deberán pronunciarse al respecto a instancias del PP, que ha presentado una iniciativa en este sentido que tiene posibilidades de prosperar, ya que ‘populares’ y Vox cuentan con mayoría en dicha comisión mixta.
En concreto, lo que propone el PP es que el órgano dirigido por Enriqueta Chicano realice una fiscalización de la devolución a los nacionalistas vascos del inmueble ubicado en el número 11 de la avenue Marceau en París, así como sobre la compensación por otros dos inmuebles ya inexistentes en las ciudades de Noyon y Compans, respectivamente.
Esta medida formaba parte del decreto ley ómnibus del Gobierno que la oposición rechazó en enero, y se repitió en la versión posterior que sí fue convalidada por el Congreso. El PNV argumenta que el edificio fue adquirido por ellos como sede del Gobierno vasco en el exilio y que fue incautado por la dictadura, aunque los ‘populares’ y Vox han cuestionado invariablemente esa devolución.
OCULTAN LOS INFORMES
El PP sostiene que el Gobierno ha «ocultado» los informes patrimoniales y jurídicos en los que fundamentó esta decisión, así como su compromiso de pagar un millón de euros al PNV durante seis años como alquiler, para que el Instituto Cervantes mantenga su sede en París hasta el 31 de diciembre de 2030.
El pasado lunes, durante la comparecencia en el Senado del director general del Patrimonio del Estado, Juan Tejedor Carnero, el portavoz de Hacienda del PP en el Senado, Alfonso Polanco, denunció que lo que hizo el Gobierno fue una «privatización encubierta» del inmueble.
Polanco recordó que en 2003, el Tribunal Supremo desestimó la cesión de este edificio a los nacionalistas vascos por considerar que su titularidad no estaba clara y que la documentación disponible la atribuía al Gobierno vasco en el exilio, «no al partido».
También destacó que los tribunales franceses fallaron en contra del PNV en varias sentencias en 1943, 1949 y 1951.
Además, el portavoz de Hacienda del PP en la Cámara Alta alertó que la valoración del coste de la cesión del palacete se sitúa cerca de **25 millones de euros** (15 millones de la valoración de mercado, seis del alquiler anual hasta 2030 y otros 3,8 millones de compensación al PNV por la pérdida de uso de los edificios Noyon y Compans).
IMPACTO CONTABLE, NO PRESUPUESTARIO
Por su parte, el director general de Patrimonio del Estado destacó que la medida no ha tenido impacto presupuestario, sino contable, dado que el inmueble se ha dado de baja en la contabilidad patrimonial del Estado y que, en todo caso, el Instituto Cervantes podrá continuar ocupando el inmueble hasta el 31 de diciembre de 2030, pagando desde el 1 de enero una renta de mercado.
Respecto a la sentencia del Supremo de 2003 que menciona el PP, Tejedor Carnero explicó que se desestimó la restitución al PNV porque en la ley vigente en ese momento, de 1998, «solo se admitían supuestos de incautación, no de restituciones del Gobierno español en virtud de sentencia judicial». Sin embargo, ahora se basa en la última Ley de Memoria Democrática, que sí ofrece cobertura legal a la operación.
El PP también advirtió que la entrega de ese inmueble al PNV podría tener consecuencias en los estados contables del partido nacionalista, ya que representa unos ingresos que podrían constituir una financiación extraordinaria o una donación al margen de la ley.
Para obtener más información sobre las **relaciones con el Tribunal de Cuentas**, visita [este enlace](https://www.tcu.es/). Si te interesa el tema de la **memoria histórica**, puedes leer más [aquí](https://www.memoriahistorica.gob.es/).