MADRID 4 May. –
El PSOE busca que el Pleno del Congreso **condene el «bibliocausto» franquista**, la quema de libros llevada a cabo durante la Guerra Civil por ser considerados subversivos por los sublevados. Quieren que se investiguen estos episodios y se enseñen en las escuelas, además de reconocer el compromiso con la cultura de quienes trabajaron en librerías, bibliotecas y editoriales que fueron represaliadas.
Con este objetivo, y en el marco de la conmemoración el próximo mes de noviembre de los 50 años del fallecimiento del dictador Francisco Franco, los socialistas han registrado una proposición no de ley en la Cámara Baja.
Los socialistas recuerdan que, tras el golpe de Estado de 1936 y hasta el final de la Guerra Civil, en España se produjeron **quemaduras públicas de libros**, similares a las que habían ocurrido tres años antes en Alemania, alentadas por los nazis.
La investigación sobre la destrucción del **patrimonio bibliográfico** es complicada porque el régimen franquista se encargó de borrar este «capítulo negro de la historia», por ello, el PSOE considera fundamental impulsarla.
Según explican en su iniciativa, desde los primeros días del golpe militar, los sublevados se centraron en la incautación y destrucción de libros y la depuración de bibliotecas públicas y privadas; muchos maestros, bibliotecarios, editores y libreros fueron fusilados.
PRIMERA GRAN QUEMA, EN A CORUÑA
Con el objetivo de «limpiar y purificar el país de las ideas subversivas», la Falange y el ejército franquista no solo llevaron a cabo quemas de libros, sino que también alentaron a sus seguidores a que las hicieran, como queda registrado en los periódicos franquistas.
La primera gran quema pública documentada se produjo en A Coruña, el 19 de agosto de 1936, donde ardieron más de 1.000 libros de autores como Ortega y Gasset, Pío Baroja, Miguel de Unamuno o Blasco Ibáñez, junto a la biblioteca personal del diputado Santiago Casares Ouiroga. Además, se asaltó la editorial gallega Nós y su director, Anxel Gasol, fue fusilado.
A medida que avanzaba la guerra, fueron dictados **decretos y bandos** que obligaban a entregar o requisar los libros considerados prohibidos. En Sevilla, Queipo de Llano dio 48 horas a la población para que entregara sus libros y habilitó a falangistas para requisar todo material «pornográfico, marxista, ácrata y disolvente».
También hubo hogueras en localidades pequeñas donde ardieron los fondos de bibliotecas municipales y sedes sindicales. La primera biblioteca universitaria purgada fue la de Valladolid en 1937, seguida de la de Santiago de Compostela. Las últimas quemas se produjeron en 1939, tras la caída de Madrid, donde el Sindicato Español Universitario (SEU) organizó un acto en el que jóvenes estudiantes, brazo en alto, quemaron diferentes ejemplares.
MAESTRAS Y PEDAGOGAS
Además, las comisiones depuradoras clasificaban los fondos de bibliotecas y salas de lectura; los libros no destruidos permanecieron en **»infiernos»** restringidos, que no fueron abiertos hasta 1975.
Entre los libreros y bibliotecarios que pagaron con la vida su compromiso con la cultura, el PSOE menciona a Miguel d’Iom de Ceuta; Rogelio Luque, de Córdoba; la maestra de Zaragoza Pilar Salvo; y la pedagoga y bibliotecaria, Juana María Capdeviele.
Los profesionales que permanecieron en la zona gubernamental fueron sancionados posteriormente, como ocurrió con la autora del Plan de Bibliotecas Públicas de 1938, María Moliner, y con Carmen Caamaño, que fue separada del Cuerpo de Archivos y Bibliotecas.
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