MADRID 28 Abr. –
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha afirmado que «no hay visos» de que se vaya a romper la coalición de Gobierno tras la crisis abierta la semana pasada por un contrato de Interior para la compra de munición a una empresa de Israel. Ha celebrado que la rescisión del contrato ha supuesto un paso importantísimo para «no dar ni un euro» al Estado hebreo.
Rego ha manifestado que «yo creo que no hay visos de que se rompa el Gobierno» al ser preguntada en una entrevista en ‘Las mañanas’ de RNE sobre si considera que el conflicto entre los dos socios del Ejecutivo, a raíz del contrato con la empresa israelí MI Systems, está resuelto. MI Systems es el proveedor en cuestión.
Para Rego, la cancelación unilateral del contrato ha significado «un paso hacia la resolución» del conflicto dentro del Gobierno. En este contexto, ha instado a seguir trabajando y garantizando «que no va ni un solo euro de dinero público a la compraventa de armamento a Israel».
La ministra ha puesto en valor el trabajo de Sumar en el Gobierno, defendiendo la agenda social, que «es la razón principal» de su participación en el Ejecutivo. «Estamos centrando nuestros esfuerzos en la agenda social y los derechos humanos. Está claro cuál es nuestro trabajo y qué elementos defendemos», ha añadido.
Rego ha ejemplificado que este martes se llevará al Consejo de Ministros la reducción de la jornada laboral, que, en su opinión, «es un hito bastante importante» que va a afectar a 12 millones de trabajadores en nuestro país, sin reducción de salario.
Sus declaraciones han tenido lugar días después de que el Gobierno acordara rescindir de manera unilateral el contrato del Ministerio del Interior para comprar munición a una empresa israelí, tras el conflicto entre los dos socios del Ejecutivo. Este contrato provocó un fuerte choque en la coalición, especialmente en el caso de IU, que reclamó una reunión de los partidos de Sumar. Se aludía a que todos los escenarios estaban abiertos, incluyendo salir del Ejecutivo, si el ministro del Interior no rectificaba. De hecho, se propuso que Marlaska debía dimitir si no era capaz de suprimir el contrato.