MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) –
El Gobierno concluirá el año 2024 sin haber atendido una gran parte de las solicitudes aprobadas por la oposición en el Pleno del Congreso desde el inicio de la legislatura. Estas iniciativas, que no obtuvieron el apoyo del PSOE, abarcan temas como medidas contra el régimen de Nicolás Maduro, la restitución de la posición histórica de España sobre el Sáhara Occidental o la apertura de auditorías sobre los contratos vinculados a la ‘trama Koldo’ en ministerios como Interior y Sanidad.
En lo que respecta a las elecciones de julio en Venezuela, el PP impulsó iniciativas de apoyo a la oposición que fueron aprobadas en el Pleno del Congreso, gracias al respaldo del PNV en junio y de Junts en diciembre, aunque el Gobierno ha pasado por alto estas medidas.
A pesar de haber encontrado refugio en España, el Gobierno no ha reconocido a Edmundo González Urrutia como «legítimo ganador» y, por ende, «presidente electo y legítimo” de Venezuela, ni ha validado a González y María Corina Machado como «únicos interlocutores legítimos» en las negociaciones para la transición democrática.
Similarmente, una proposición no de ley aprobada en diciembre que instaba al Gobierno a adherirse a una demanda presentada en 2018 y a solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares del TPI la emisión de una orden de arresto contra Maduro «y otros sospechosos de crímenes de lesa humanidad», no ha sido atendida.
Otro mandato incumplido se relaciona con el Sáhara Occidental. En junio, con el apoyo del PP, Vox y gran parte de los aliados habituales del Ejecutivo en la Cámara Baja, se instó al jefe del Ejecutivo a recuperar la postura histórica de neutralidad activa de España respecto a la excolonia. Sin embargo, Sánchez mantiene su postura adoptada en 2022, cuando avaló el plan de autonomía propuesto por Marruecos.
ADUANAS DE CEUTA Y MELILLA
Se solicitó además la negociación con Marruecos para la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla en un periodo de 90 días, pero seis meses después, ambas permanecen cerradas sin fecha de reanudación.
Este año, a pesar del rechazo del PSOE, el Pleno también aprobó iniciativas que ordenaban nuevas auditorías sobre los contratos de adquisición de mascarillas adjudicados a la trama de Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. A solicitud del PP, se instó al Gobierno a realizar auditorías similares en los ministerios de Sanidad e Interior, pero no se ha informado de ningún avance en este aspecto.
Además, no se ha pedido a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que realice auditorías independientes en los departamentos del Ejecutivo implicados, ni se ha abierto ninguna investigación en Interior para esclarecer irregularidades o delitos relacionados con filtraciones a miembros del Gobierno y la trama corrupta sobre investigaciones judiciales en curso.
JUSTIFICAR MEJOR AUSENCIAS DE MINISTROS
En junio, el PP logró que el Congreso censurara a la entonces vicepresidenta tercera y candidata del PSOE a las elecciones europeas de junio, Teresa Ribera, por su ausencia en las sesiones de control y que se obligara al Gobierno a justificar correctamente los asuntos ineludibles que impiden a sus miembros asistir a los Plenos, una obligación que el Gobierno ha eludido.
Además, no se han cumplido otros mandatos de esa iniciativa, como asegurar el cumplimiento «de forma efectiva y sin demora» de las mociones y proposiciones no de ley, ni que, al ejercer su facultad de veto sobre iniciativas que impliquen disminución de ingresos o aumento de gastos, el Gobierno se ajuste al impacto de los Presupuestos en vigor y no en futuras cuentas, como establece la doctrina del Tribunal Constitucional.
También han quedado sin respuesta reclamaciones de carácter económico, como la que exigía la recuperación de indemnizaciones por retrasos del AVE de 15 y 30 minutos o la eliminación de los peajes y la prórroga de la concesión de la AP-9.
LA DEFLACTACIÓN QUE NUNCA LLEGÓ
El Ejecutivo tampoco ha implementado la deflactación del IRPF para compensar la subida de la inflación, exigida por el Congreso en abril a instancias del PP, con el apoyo de Junts, PNV y BNG. Igualmente, no se ha atendido la solicitud para aplicar exenciones fiscales a los menores de 34 años en sus primeros años laborales.
Además, en diciembre entró en vigor el decreto 933/2021, conocido como ‘Gran Hermano Turístico’, que establece nuevas obligaciones de registro documental para actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, a pesar de que tres meses antes el Congreso había aprobado una iniciativa del PP para que Interior prolongara su suspensión.
Para más información sobre los temas tratados, puedes visitar las siguientes fuentes: EUROPA PRESS, Partido Popular y Congreso de los Diputados.