MADRID, 12 Mar. –
El secretario general del Ministerio de Sanidad, Javier Padilla, ha **descartado** que el Real Decreto que desarrolla el acceso universal a la sanidad pública para inmigrantes en situación irregular pueda generar un ‘efecto llamada’ o propiciar el ‘turismo sanitario’, al exigir **acreditar la residencia real** en España y otros requisitos para obtener la asistencia del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Preguntado por Europa Press sobre la posibilidad de que empresas extranjeras o españolas se puedan aprovechar del nuevo Real Decreto, vendiendo paquetes turísticos sanitarios a extranjeros -con vuelo, acceso al SNS y hotel-, o se fomente en el ‘turismo sanitario’, Padilla ha afirmado que el Gobierno «no puede garantizar» que existan empresas que «intenten engañar y estafar a población extranjera enferma», pero ha recalcado que «la solicitud de requisitos impide el establecimiento de este tipo de paquetes turísticos».
«Se pide **acreditar la residencia** en España, además de otros requisitos», ha explicado Padilla, quien descarta un posible ‘efecto llamada’, ya que «al contrario de lo que ha difundido algún bulo en redes, no se puede llevar a cabo con una declaración responsable».
Según el artículo 2 del Real Decreto, se recogen los documentos válidos para **acreditar la residencia** en España: estos son la declaración responsable, el documento de identidad válido y demostrar con una prueba su residencia habitual en España -como el empadronamiento, la escolarización de hijos, informes de servicios sociales, facturas de suministros o documentación consular-.
Así, el número dos de Sanidad ha añadido que «el denominado ‘turismo sanitario’ nunca ha sido un problema de impacto real en nuestro país, especialmente con el rango con el que la derecha xenófoba ha intentado usarlo de manera recurrente».
En este sentido, ha recordado que, con la aprobación del Real Decreto-ley 16/2012 por el Ejecutivo del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy, que limitó el acceso universal al SNS, «se expulsó a los inmigrantes en situación irregular del sistema sanitario con la excusa del **turismo sanitario**», sin embargo «lo que se logró fue expulsar a población vulnerable sin otro logro mayor en otro ámbito».
ESPERAN QUE TODAS LAS CCAA ACATEN EL RD
La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha acusado a la ministra del ramo y líder de Más Madrid, Mónica García, de fomentar «**el turismo sanitario**» con esta medida y ha cargado contra Sanidad por no haber tenido en cuenta «el impacto económico directo» en las comunidades autónomas, además de poner sobre la mesa el aumento de población que requerirá atención sanitaria.
En respuesta a aquellos que critican esta medida por no haber tenido en cuenta la carga asistencial que va a provocar en el Sistema Nacional de Salud, Padilla recuerda que estas personas ya deberían de tener derecho según el RD-l 7/2018, con la que el Gobierno de Sánchez recuperó la sanidad universal, devolviendo el derecho a la **protección de la salud** y a la atención sanitaria, con cargo a fondos públicos.
«Lo que ocurría, es que algunas CCAA estaban incorporando barreras administrativas en la acreditación de los requisitos para la obtención del derecho a la asistencia sanitaria, negando el acceso a personas que deberían verlo reconocido», ha advertido.
Respecto a si desde el Ministerio de Sanidad tienen algún cálculo sobre la población inmigrante que se va a incorporar a la red sanitaria pública, ha afirmado que «es complicado estimar el número de personas que ahora podrán tener acceso en aquellas CCAA que lo estaban dificultando de manera sistemática».
«Lo que sí podemos afirmar es que esto facilitará que el total de personas en situación irregular en nuestro país pueda tener acceso con esta nueva norma; después del proceso de regularización cuyo desarrollo tiene en marcha el Gobierno de España podremos estimar cuántas personas en situación irregular quedarían sujetas a este real decreto», ha expuesto.
Finalmente, preguntado sobre la posibilidad de que alguna comunidad pueda poner trabas para su desarrollo, Padilla ha recordado que las CCAA deben limitarse a aplicar lo que señala el Real Decreto. «Preferimos no pensar que ninguna CCAA vaya a declararse insumisa a la legislación española», ha añadido.