MADRID 21 May. –
Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos han acusado este miércoles al Gobierno de «mentir» y de ser «colaboracionista» con el «genocidio del pueblo palestino» por mantener contratos de compraventa de armas con Israel hasta hace unos meses. Le han exigido que rompa todos los contratos pendientes o «latentes» con Israel y un embargo total de armas, entre otras medidas, para «no financiar un genocidio».
Tras la comparecencia del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska en el Congreso de los Diputados, el diputado de Sumar Enrique Santiago ha reclamado la anulación inmediata de todos los contratos de compraventa de material militar con Israel, argumentando que están vinculados «directa o indirectamente con un genocidio» contra el pueblo palestino.
«Hay que anular y dejar sin efecto hasta el último contrato sin ejecución o que pueda dejarse ejecutado.» Se ha señalado que “no es posible ninguna operación activa o pasiva”.
Santiago ha afirmado que existen «sobrados argumentos jurídicos» para rescindir cualquier acuerdo con empresas israelíes involucradas en la cadena armamentística. También ha denunciado que en 2024 han pasado miles de armas por el puerto de Cartagena y que por las bases militares estadounidenses de Rota y Zaragoza pasan armas camino de Israel, acciones que incumplen las medidas de la Corte Internacional de Justicia.
UN NUEVO HOLOCAUSTO
En este sentido, el diputado de IU ha criticado que no se adopten «medidas concretas» ni por parte de la Unión Europea ni de la ONU, denunciando el «bloqueo» de cualquier avance. «Estamos cansados de solicitar medidas de embargo y control de todo lo que pase por los puertos y aeropuertos españoles.»
El portavoz parlamentario ha instado a adoptar medidas militares y económicas contra lo que califica como un «nuevo holocausto». «La comunidad internacional no ha aprobado ni una sola sanción ante este exterminio.»
ERC: «LOS 17.000 NIÑOS MUERTOS SON UNA CIFRA INSOPORTABLE» Por su parte, la diputada de ERC Teresa Jordá ha criticado la «masacre en directo» que Israel realiza contra el pueblo palestino. «Los 17.000 niños muertos son una cifra insoportable. Gaza casi ya no existe.»
Ante esta situación, la parlamentaria republicana ha exigido al Gobierno de España que presione a todos los estados de la Unión Europea para que cumplan las órdenes internacionales de detención contra el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, y que «fuerce» a la Unión Europea a exigir un alto el fuego en Gaza.
Dentro de este contexto de «inacción internacional», Jordá ha mostrado su «indignación» por los contratos para comprar munición a empresas israelíes que salieron a la luz pública hace unas semanas, a pesar de que el Gobierno había negado contratos de este tipo el pasado mes de octubre. «Si no actúan contra esto, no serán testigos o cómplices de lo que está pasando.»
BILDU PIDE «GARANTÍAS CLARAS» PARA QUE NO VUELVA A PASAR
El diputado de EH Bildu, Óscar Matute, ha acusado al Gobierno de haber formalizado contratos de armas con Israel el año pasado, a pesar de conocer su implicación en el exterminio y genocidio de los palestinos.
Matute ha exigido responsabilidades internas: «Ponga a trabajar a su gente para ver qué ha fallado.» No puede alegar faltas de recursos. «Hay investigaciones de la UCO todos los días.»
Además, ha solicitado garantías claras: «¿Nos puede garantizar que no van a volver a ocurrir? ¿Nos puede asegurar que no hay más contratos en vigor y colaboración entre FCSE y empresas israelíes?».
BELARRA: «ME DA AUTÉNTICO ASCO»
La diputada del Grupo Mixto Ione Belarra ha sido la más beligerante contra el Gobierno, acusándolo de «mentir de manera descarada» con las compraventas de armas a Israel y de ser «colaboracionista con el Hitler del siglo XXI que es Netanyahu.»
Belarra ha detallado algunos contratos adjudicados por el Gobierno y ha exigido su cancelación inmediata. «Son contratos por más de 800 millones de euros» y ha pedido a Marlaska que rompa toda colaboración con empresas israelíes.
PNV: «CRÉDITO QUEBRADO CON EL GOBIERNO» POR ESTE ASUNTO
El diputado del PNV, Mikel Legarda, ha criticado la política del Gobierno por la falta de coherencia entre anuncios públicos y adjudicaciones reales. «No es que sobren las palabras, es que ya no tenemos palabras para describir el horror.»
Legarda ha recordado que, a pesar de las declaraciones del presidente y varios ministros, las afirmaciones siempre venían precedidas de información contradictoria. «Nuestro crédito con el Gobierno en esta cuestión está quebrado.»
Exige «transparencia absoluta» en las decisiones ya tomadas y que se suspendan todas las adjudicaciones.