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Un informe de Sanidad evidencia disparidad en la realización de abortos públicos: Cuatro de cada cinco se hacen en la privada
MADRID, 7 Oct. –
El Ministerio de Sanidad ha presentado el informe 2015-2024 sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), un documento que evalúa la evolución y situación actual de esta prestación sanitaria en el sistema público de salud, donde queda patente la desigualdad territorial en la realización de abortos en centros públicos, ya que solo Cantabria (88,5%), Galicia (77%), La Rioja (76,1%), Navarra (74,8%) y Cataluña (55,1%) superan el 50% de intervenciones realizadas en centros públicos.
«El informe recuerda por qué es clave que el aborto se lleve a cabo en nuestra sanidad pública. En primer lugar, para evitar que las comunidades paguen a clínicas privadas por realizar abortos. Además, cuando a una mujer se la expulsa de nuestro sistema público, debe buscar fuera esta prestación, que es un derecho de las mujeres. En segundo lugar, porque queremos garantizar la libertad de elección de las mujeres», ha señalado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
En cuanto al resto de CCAA: Baleares (45,4%), Canarias (28,6%), Castilla Y León (15,5%), Comunidad Valenciana (10%), País Vasco (4,3%), Asturias (3%), Aragón (2,3%), Murcia (0,9%), Madrid (0,5%), Andalucía (0,2%), Castilla-La Mancha (0,1), y Extremadura y las Ciudades de Ceuta y Melilla con 0 por ciento.
Cuatro de cada cinco abortos en España se siguen realizando en la privada. Basta con que Madrid y Andalucía alcancen el nivel de las comunidades autónomas más avanzadas para lograr un avance histórico, ya que estas comunidades engloban casi el 50% de todas las interrupciones voluntarias del embarazo, lo que significa que juntas representan 4 de cada 10 abortos en nuestro territorio.
En 2024, se realizaron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo en España. De estas, 22.563 (21,25%) tuvieron lugar en centros públicos, mientras que 83.609 (78,75%) fueron realizadas en centros privados. Esta proporción representa un aumento de casi 7 puntos respecto al 14,3% registrado en 2019, lo que supone un incremento relativo del 50% en la presencia de la red pública.
TAMBIÉN DIFERENCIA POR MÉTODOS USADOS
El método farmacológico fue el predominante en las comunidades con mayor proporción de IVE en centros públicos, como Cantabria (86,4%), Navarra (76,5%), La Rioja (68,2%) y Galicia (68,1%). En cambio, en comunidades donde la prestación recae mayoritariamente en centros privados, como Andalucía y Madrid, predomina el método quirúrgico, utilizado en el 86% y el 94% de los casos respectivamente.
Según el informe, esta divergencia evidencia cómo el modelo de atención condiciona no solo el acceso a la prestación, sino también el tipo de procedimiento disponible para las mujeres. «Necesitamos garantizar que las mujeres tengan un acceso más fácil y más equitativo a la interrupción voluntaria del embarazo», ha señalado la ministra.
El informe advierte que mantener la interrupción voluntaria del embarazo fuera de la sanidad pública supone una dificultad de acceso, ya que relega el aborto al ámbito de lo íntimo e individual. Esta situación refuerza el estigma, invisibiliza la prestación y debilita el principio de universalidad que caracteriza al sistema público.
Además, «la falta de circuitos hacia centros públicos limita la libertad de elección de las mujeres», condicionando el acceso más que a sus derechos. La ruptura de la continuidad asistencial fragmenta la atención, afectando especialmente a los casos clínicos más sensibles.
Finalmente, el informe subraya la paradoja entre la información y la práctica, ya que la mayoría de las mujeres son informadas sobre la IVE en centros públicos, pero el procedimiento se realiza mayoritariamente en centros privados.
«Centralizar garantiza protocolos homogéneos, pero obliga a desplazarse; descentralizar acerca a la atención, pero a veces se dificulta mantener el mismo estándar», ha explicado García.
Aunque no hay sistemas «perfectos», el informe manifiesta que existen incoherencias que evidencian la necesidad de reforzar la capacidad del Sistema Nacional de Salud para ofrecer una respuesta integral, pública y equitativa en materia de salud sexual y reproductiva.»
MEDIDAS PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LA IVE
«Las buenas prácticas ya están identificadas: gestionar bien la objeción de conciencia, acercar el servicio al territorio, utilizar el método farmacológico en fases tempranas y garantizar la libertad de elección», ha indicado la ministra.
Entre las principales medidas que resalta el informe figuran la implantación y actualización de los registros de objetores de conciencia en todas las comunidades autónomas y la presencia de equipos no objetores en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud, para asegurar la prestación pública efectiva.
Asimismo, se impulsa la normalización de la IVE como una prestación más del SNS, mediante protocolos homogéneos, formación específica y circuitos asistenciales coordinados. El informe también destaca la importancia de fomentar el método farmacológico en la red pública por su eficacia y facilidad de implantación, siguiendo el modelo de comunidades como Cantabria, Navarra, Galicia o La Rioja.
Finalmente, se propone establecer mecanismos de seguimiento y evaluación comunes entre comunidades y promover la formación del personal sanitario en salud sexual y reproductiva, con enfoque de derechos y de género.
En conclusión, el reto es extender estas prácticas a las comunidades rezagadas, especialmente a aquellas que concentran más abortos, para cumplir la ley y garantizar la equidad.