La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles ha ganado una apelación urgente antes de que se realice una nueva partida de venezolanos hacia El Salvador.
MADRID, 19
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha ordenado este sábado al Gobierno que suspenda las expulsiones basadas en la llamada Ley de Enemigos Extranjeros, que el Gobierno de EE.UU. utiliza para encarcelar a migrantes irregulares en El Salvador acusados de pertenencia a organizaciones terroristas.
«Se ordena al Gobierno no trasladar a ningún miembro de la supuesta clase de detenidos desde Estados Unidos hasta nueva orden de este Tribunal», señala la orden del Supremo, con la opinión contraria de los magistrados conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito.
La orden afecta particularmente a los detenidos en el centro de detención de Bluebonnet, en el norte de Texas, acusados de formar parte de la organización criminal Tren de Aragua.
El fallo del tribunal ha sido publicado tras un litigio de emergencia impulsado por los abogados de la ACLU ante una nueva partida inminente de expulsión de venezolanos detenidos. Según la apelación presentada por la ACLU, todos ellos estaban siendo «subidos a autobuses, presumiblemente con destino al aeropuerto».
Al declarar al Tren de Aragua como entidad terrorista, la Administración Trump argumenta que se facultó para aplicar esta polémica ley, redactada en el siglo XVIII para su uso en tiempos de guerra.
La ley solo ha sido invocada en tres ocasiones anteriores en la historia de Estados Unidos, la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial para recluir a civiles estadounidenses de origen japonés en campos de internamiento.
La Administración Trump utilizó la ley para expulsar «en caliente» a los migrantes identificados como miembros de esta organización criminal, independientemente de su estatus migratorio y sin cumplir el protocolo necesario. Además, los abogados de los afectados han negado en varias ocasiones cualquier vínculo entre sus clientes y el Tren de Aragua u otras mafias declaradas como grupos terroristas, como el MS-13.
«Nos sentimos profundamente aliviados de que el Tribunal haya bloqueado temporalmente las deportaciones, porque estas personas corrían peligro inminente de pasar el resto de sus vidas en una brutal prisión salvadoreña sin haber tenido jamás el debido proceso», declaró el abogado de la ACLU, Lee Gelernt, en comentarios a la cadena pública estadounidense NPR.
La Casa Blanca aún no ha respondido a este dictamen, en el contexto de los constantes enfrentamientos entre la segunda Administración Trump y la Judicatura del país, a quien el mandatario acusa de limitar sus competencias ejecutivas por motivos políticos.
Hasta ahora, el Supremo solo se había pronunciado de forma ambigua sobre la cuestión de las expulsiones, permitiendo su ejecución siempre que los acusados tuvieran la oportunidad previa de defenderse ante un tribunal.