El socio de Aldama contradice a Pano y se desmarca de las supuestas entregas de dinero y del chalet
MADRID 25
La empresaria Carmen Pano ha ratificado este martes ante el Tribunal Supremo (TS) que entregó 90.000 euros en la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz en octubre de 2020 por orden del presunto conseguidor de la trama, el también empresario Víctor de Aldama, si bien ha detallado que el dinero sería de uno de sus socios, Claudio Rivas, que lo ha negado.
Fuentes jurídicas aseguran que así se ha pronunciado Pano en su declaración como testigo ante el magistrado Leopoldo Puente, quien está a cargo de la investigación que se dirige en el Supremo contra el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y De Aldama.
Pano ha confirmado ante el instructor lo que ya declaró ante la Guardia Civil el pasado diciembre, sosteniendo que esos 90.000 euros eran dinero de Rivas que fue a recoger a la oficina de De Aldama en Madrid para llevarlo a la sede socialista de Ferraz, por orden de este último, y que así lo hizo: en dos tandas de 45.000 euros cada una, una en un taxi y otra en un coche con conductor que ha identificado como otro socio de Rivas.
A la Guardia Civil, Pano precisó que De Aldama le indicó que debía entregar el dinero en efectivo que había empaquetado en una bolsa de plástico que a su vez introdujo en otra de papel. Especificó a la empresaria que debía avisar de que iba de su parte y subir a la segunda planta. Pano relató que se lo dio a un hombre que «no superaría los 40 años, pelo corto y un poco más alto» que ella.
A la empresaria también se le ha preguntado por Have Got Time, la empresa que, según informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, estaba administrada por la hija de la empresaria, Leonor González, pero que estaría verdaderamente controlada por Rivas.
De acuerdo con la UCO, en junio de 2021 esa empresa pagó 526.500,377 euros por la compra del chalet gaditano de La Alcaidesa que se alquiló ese mismo verano para las vacaciones familiares de Ábalos.
En línea con los investigadores, Pano ha asegurado este martes en el alto tribunal que Have Got Time era realmente de Rivas y que fue él quien dio la orden de comprar el chalet de La Alcaidesa.
Sin embargo, Rivas, que también ha testificado este 25 de febrero en el TS, ha negado que diera dinero alguno a Pano. En la misma línea, se ha desmarcado de la propiedad gaditana, asegurando que Have Got Time no era su empresa y que, en consecuencia, no dio orden de comprar ningún inmueble con ella.
Cabe recordar que tanto Rivas como las Pano están imputadas en otra causa investigada en la Audiencia Nacional (AN), la referida al presunto fraude de 182,5 millones de euros en el sector de hidrocarburos. El sumario de este caso refleja que habrían pagado comisiones para conseguir el título de operadora de Villafuel, empresa de Rivas.
De hecho, en las testificales de este martes se ha hablado también de la reunión que en diciembre de 2020, mientras se resolvía la compra del chalet de La Alcaidesa, habría gestionado De Aldama, con la ayuda de Koldo, para que Rivas, Pano y otras tres personas fueran recibidos por el director de Gabinete del Ministerio de Industria a fin de conseguir esa licencia.
EL «SUBSE» SE DESLIGA DE LAS ADJUDICACIONES
Este martes también estaba citado como testigo Jesús Manuel Gómez, ex secretario de Estado de Transportes en el que Ábalos descargó toda la responsabilidad de la adjudicación a Soluciones de Gestión –empresa de De Aldama– de los contratos de compra de material sanitario durante la pandemia que se investigan.
«Yo me limité a firmar una orden ministerial en la que ordenaba la adquisición de material sanitario. A partir de ahí no participo absolutamente en nada», afirmó el antiguo responsable de Transportes en su declaración judicial del pasado 12 de diciembre. Según él, delegó todo en Gómez, «sin conocerlo, simplemente por su currículum: Era interventor de Hacienda».
En cambio, Gómez ha sostenido en el TS que no se encargó del detalle de ninguna adjudicación. Según las fuentes consultadas, ha dicho que solo vio una oferta –la de Soluciones de Gestión que le llevó Koldo– y que la derivó a los órganos de contratación de Puertos y Carreteras, limitando a eso su intervención.
Con todo, ha defendido la legalidad de su actuación en el proceso de adjudicación, al tiempo que ha recordado que el Tribunal de Cuentas ya auditó y validó esos contratos en su momento.
