También se ha acordado elevar las dos propuestas a la Comisión de Venecia, además de al Gobierno y al Parlamento.
MADRID, 5 Feb. –
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha llevado a cabo este miércoles un Pleno extraordinario en el que se han aprobado las dos propuestas que surgieron, una del bloque conservador y otra del progresista, dado que no era posible alcanzar un consenso sobre la reforma del sistema de elección de los doce vocales del turno judicial, que debía emitirse el 6 de febrero como fecha límite.
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) realizada el pasado agosto —como parte del acuerdo para renovar el CGPJ— estableció que el nuevo Consejo elaboraría en el plazo de seis meses «un informe para examinar los sistemas europeos de elección de los miembros de los Consejos de la Magistratura similares al Consejo español y una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados».
De acuerdo con la ley, la propuesta «será trasladada al Gobierno, al Congreso y al Senado para que, por los titulares de la iniciativa legislativa, basándose en ella, se elabore y someta a la consideración de las Cortes Generales un proyecto de ley o proposición de ley de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación».
El plazo vence este jueves, pero durante estos meses ha sido imposible que los bloques conservador y progresista del CGPJ —con diez vocales cada uno— llegaran a un acuerdo para presentar una propuesta que requería al menos 13 votos para ser aprobada. Según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, las negociaciones entre los cuatro vocales del grupo de trabajo creado específicamente para este cometido se rompieron a principios de enero.
Desde entonces, de acuerdo con las fuentes consultadas, los contactos continuaron con conversaciones informales entre vocales de ambos bloques, hasta que ‘in extremis’ —el martes— decidieron aprobar dos documentos por unanimidad: el primero, el informe sobre los sistemas europeos; y el segundo, con las dos propuestas.
Las fuentes indican que, así, se han aprobado por unanimidad los dos documentos, uno de los cuales contiene ambos informes —el redactado por el bloque conservador y el firmado por los vocales progresistas—.
Desde el CGPJ destacan que este acuerdo «evidencia que no hay una solución única y que ambas propuestas se adaptarían a los estándares europeos» porque estos «admiten una variedad de soluciones», siendo por tanto «igualmente válidas en función de su eficacia para garantizar la independencia judicial».
Además, subrayan la intervención de la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo (TS), Isabel Perelló, cuyo papel —aseguran— ha sido «clave» para cumplir en plazo con el mandato legal.
Los vocales también han acordado elevar ambas propuestas a la Comisión de Venecia. Sin embargo, en este punto hay fricciones, dado que el bloque conservador desea que el órgano consultivo del Consejo de Europa analice las propuestas para determinar si se ajustan a los estándares europeos, mientras que los vocales progresistas sostienen que se trata de una mera notificación de que se ha cumplido con lo acordado en agosto.
LA INTERVENCIÓN PARLAMENTARIA
Las fuentes del CGPJ explican que el debate ha centrado en cuál debe ser el nivel de participación de las Cortes Generales en la elección de los doce vocales del CGPJ que entran por el turno judicial. Los progresistas creen que no se puede eliminar la intervención parlamentaria, algo por lo que, en cambio, apuestan los conservadores.
En un informe de 38 páginas, el sector conservador propone que «en la elección de los doce vocales del CGPJ de procedencia judicial serán electores todos los jueces y magistrados pertenecientes a todas las categorías judiciales que se encuentren en servicio activo en el momento de publicarse la convocatoria».
Argumenta que, «si hay una legitimidad de origen en el nombramiento de la totalidad de los vocales del Consejo, se corre el riesgo de trasladar, sea real o no, la percepción de falta de independencia a los magistrados nombrados por el Consejo». Por eso, recalca que esos doce vocales serán elegidos por sus pares «sin participación del Parlamento o del Ejecutivo en ninguna fase del proceso de selección».
Por su parte, el bloque progresista propone que los jueces participen de forma «directa» en la elección de los doce vocales judiciales, pero con el aval posterior de las Cortes Generales. Este informe, de 34 páginas, detalla que el proceso se dividiría en dos fases: la de participación, que incluiría a todos los miembros de la carrera judicial en servicio activo; y la de elección, donde entraría el Parlamento.
Fuentes del sector progresista afirman que «se trata de un sistema parecido al actual pero con mejoras en la participación de los jueces en la selección de candidatos y en la fase parlamentaria», donde «los candidatos seleccionados deben someter sus programas al escrutinio de la soberanía popular».
Desde el ala progresista se ha defendido firmemente la intervención parlamentaria al entender que el CGPJ es un órgano político con funciones de gobierno, «no de autogobierno», que debe hacer efectivo el «principio democrático» para representar «el pluralismo de la sociedad y de la carrera judicial».
A su juicio, «demonizar» la elección parlamentaria «es propia de populismos» porque no hay argumento jurídico que respalde que la elección de los vocales judiciales por sus pares «garantice mayor independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional».
