Indica que la asesora de Gómez fue contratada en 2018 y Martín Aguirre llegó al cargo de Moncloa en 2021
MADRID, 9
La Fiscalía ha recurrido directamente ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión del juez del caso ‘Begoña Gómez’, Juan Carlos Peinado, de investigar por un presunto delito de malversación de caudales públicos al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por su posible papel en la contratación de la asesora de Moncloa que trabajaba haciendo «funciones privadas» para la esposa del presidente del Gobierno.
En el recurso, el Ministerio Público se manifiesta en contra del auto de Peinado que admitió a trámite una querella presentada por Vox y citó como investigado a Martín Aguirre. El magistrado señalaba que el actual delegado del Gobierno habría participado en julio de 2021, siendo secretario general de la Presidencia, en la contratación de Cristina Álvarez.
El fiscal del caso argumenta que en la querella de Vox solo se menciona que Martín Aguirre ocupaba el cargo de secretario general de la Presidencia en 2021, siendo por tanto responsable y superior jerárquico de Álvarez. Lamenta que con tan «escaso desarrollo» se le imputa «nada menos que por un presunto delito de malversación de caudales públicos, catalogado como delito grave y con notable penalidad».
«Parece acudirse a una imputación cuasi automática u objetiva por razón del cargo», lamenta, añadiendo que el nombramiento de Álvarez como asesora tuvo lugar en julio de 2018, tres años antes de que Martín Aguirre asumiera dicho cargo.
«No puede pretenderse una participación en un nombramiento que alcanzaba los 3 años de antigüedad cuando Martín Aguirre es nombrado para el puesto en cuestión. Falla el relato de la querella y la fundamentación al basarse en presupuestos erróneos», subraya.
El fiscal insiste en que «admitir esta querella por los motivos que lo hace y contra la persona señalada, resulta incomprensible» dado que «se sabe la fecha del nombramiento» de Álvarez gracias a varios testimonios presentados en la causa, incluyendo el del ministro Félix Bolaños.
«PARCOS RAZONAMIENTOS»
El fiscal continúa en su recurso, deduciendo que las resoluciones «parcas en palabras y razonamientos» de Peinado no indican un nombramiento para un puesto de trabajo al que «no se acude y se cobra», ni que exista un desvío de actividad de trabajadores o funcionarios «dirigido a un beneficio particular». “En este caso, partimos de la naturaleza del empleo eventual y la designación discrecional, donde la confianza resulta esencial”, añade.
Destaca que Álvarez ha llevado a cabo funciones de coordinación de agendas con los funcionarios de escolta y vigilancia durante siete años. Por tanto, «la realización de ciertas llamadas, envío de correos y gestiones en ciertos eventos difícilmente puede integrar el delito de malversación de caudales públicos».
«Estamos hablando de prácticamente siete años desempeñando el puesto de asistente del cónyuge del presidente del Gobierno; son 2.555 días, con disponibilidad horaria total; y se invocan episodios concretos de apoyo, participación o encomienda de gestiones para pretender orquestar una malversación de caudales públicos», observa el fiscal.
Para el fiscal, el nombramiento de Álvarez es «legítimo, legal y usual», y aclara que no se dirige a un auxilio para actividades privadas de Begoña Gómez, enfatizando que su trabajo ha estado más centrado en “colaboraciones concretas y puntuales”.
El fiscal también señala que las actividades relacionadas con la Cátedra, máster o la Universidad Complutense son más bien anecdóticas y no menoscaban las funciones principales, ni perjudican las arcas públicas.
En su recurso, el fiscal recalca que respecto a Martín Aguirre «no hay indicios de la comisión de hecho delictivo alguno» y que «imputar a una persona de esta forma directa, por hechos vagos e imprecisos y sin la elemental exposición, no resulta asumible».
«No se trata de no investigar, sino de respetar las garantías jurídicas. La decisión desde el juzgado carece de sustento fáctico y respaldo jurídico que merezca tal consideración», puntualiza.
Finalmente, el Ministerio Público explica que acude directamente ante la Audiencia Provincial porque hasta ahora sus recursos ante Peinado no han recibido «respuesta real en cuanto al fondo» y son respondidos con «evidente retraso».
Recuerde que fue este martes cuando se hizo público que Peinado decidió investigar a Martín Aguirre “por su aparente participación en el nombramiento de Cristina Álvarez para el ejercicio de funciones privadas de Begoña Gómez, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y por tanto con fondos de naturaleza pública”.
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