Además, afectaría a su **personación** en casos como el ‘caso Villarejo’ o el presunto espionaje a miembros de Podemos.
MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) –
La implementación de la proposición de ley presentada este viernes por el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados para limitar el papel de las acusaciones populares en procesos judiciales afectaría significativamente la **personación** del partido en el ‘caso Koldo’.
En caso de que el Congreso apruebe la propuesta en su forma actual, que prevé su aplicación a causas abiertas al entrar en vigor y sin enmiendas que modifiquen lo esencial, los socialistas serían excluidos de los procedimientos en los que actualmente actúan como acusación popular, ya que la nueva norma estipula que las formaciones políticas no podrán ejercer dicha acción.
En su exposición de motivos, el texto señala que deben ser excluidas de esta acción «por razones de mínima coherencia institucional» las personas jurídicas o entes públicos, así como «los partidos políticos y asociaciones y fundaciones vinculadas» a ellos, para prevenir la posibilidad de instrumentalizar los procesos judiciales a través de su intervención activa en el debate político.
Recientemente, en noviembre de 2024, el PSOE solicitó a la Audiencia Nacional integrarse como parte en el ‘caso Koldo’ y en la investigación sobre un presunto fraude en el sector de los hidrocarburos, en el que está involucrado el presunto intermediario de la ‘trama Koldo’, Víctor de Aldama.
Esta decisión fue tomada tras la declaración voluntaria de De Aldama, quien realizó acusaciones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros ministros y miembros del PSOE. Ambas solicitudes fueron aceptadas por los instructores de ambos casos, a pesar de la oposición y recursos presentados por otras acusaciones populares, como la del PP.
Fuentes del PSOE comentaron a Europa Press que tomaron esta decisión debido a los «graves hechos investigados» que podrían constitutir «delitos públicos», así como por la «preocupación y alarma social» que han generado.
Además, explicaron que buscaban ser acusación popular en dichas causas «en representación de sus afiliados» y por «el interés general de la ciudadanía» que guía «la actuación de esta organización», con el propósito de contribuir a que se descubra «la verdadera realidad» de estas situaciones.
OTRAS CAUSAS
Además de en esos dos casos, el PSOE también ejerce la acusación popular en procesos como la ‘Púnica’, donde ha participado en todas las piezas separadas del caso de corrupción política que ha afectado a consejeros ‘populares’ de la Comunidad de Madrid, por el que se han condenado a exdirigentes del PP madrileño, como Francisco Granados.
También impactaría causas más contemporáneas, como la investigación que está en el Juzgado de Instrucción número 5 sobre las suponidas investigaciones no autorizadas que habrían afectado a cargos de Podemos.
En el marco de esta causa, este jueves declaró ante el instructor, en presencia de abogados del PSOE, Ignacio Cosidó, quien fue senador del PP y ex director general de la Policía.
Otra causa importante donde el PSOE actúa como acusación popular es el ‘caso Villarejo’. Aunque no ha participado en todas las piezas, sí está presente en asuntos clave como el ‘caso Kitchen’.
Precisamente, en 2023, los socialistas impugnaron el auto de apertura de juicio oral dictado por el juez para cuestionar «la exclusión del Partido Popular (PP) como partícipe a título lucrativo».
Esta causa investigó un operativo que supuestamente fue puesto en marcha para sustraer al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, material relacionado con la investigación judicial del caso ‘Gürtel’.
En septiembre de 2024, la Sala de lo Penal aceptó la petición de las acusaciones populares del PSOE y Podemos para que el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el ex ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, testificaran en el juicio.
Así, en caso de que se apruebe la norma con la disposición transitoria única que incluye, las modificaciones planteadas para la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) se aplicarían a los procesos en curso cuando entre en vigor, lo que daría como resultado la salida de todos los procedimientos.
