Busca recibir **los 21 meses de sueldo** desde que se le retiró el escaño en virtud de una sentencia del Supremo que fue anulada posteriormente por el TC.
MADRID, 25 Feb. –
La Mesa del Congreso ha acordado este martes remitir al Gobierno la **indemnización** de aproximadamente **134.000 euros** solicitada por el exdiputado de Unidas Podemos **Alberto Rodríguez** debido a la pérdida de su escaño en octubre de 2021, en aplicación de una sentencia del Tribunal Supremo que posteriormente fue anulada por el Tribunal Constitucional.
Esta decisión se ha tomado considerando un informe de los letrados de la institución, quienes argumentan que «el órgano competente para conocer de la reclamación de responsabilidad patrimonial» presentada por el exdiputado «contra un acto parlamentario no normativo» es el Consejo de Ministros.
Los servicios jurídicos del Congreso basan su afirmación en la doctrina del Tribunal Supremo, sugiriendo que, por lo tanto, la Mesa de la Cámara podría inadmitir la petición del exdiputado por «falta de competencia» para decidir en este asunto.
Sin embargo, según han indicado fuentes parlamentarias, la **Mesa** no ha inadmitido explícitamente la solicitud, sino que la ha enviado a **Moncloa**, considerando que sería el responsable de abonar la indemnización a la que, según los letrados, **Rodríguez** tiene derecho.
21 MESES DE SUELDO
Concretamente, el exdiputado reclama que se le abone la suma correspondiente a la retribución que dejó de recibir desde su separación del escaño hasta el final de aquella legislatura, un total de **21 meses**. Rodríguez percibía **6.144,64 euros** al mes, por lo que solicita aproximadamente **134.000 euros**.
**Unidas Podemos** se negó a cubrir la vacante en su grupo parlamentario tras la salida forzada de Rodríguez, por lo que el Congreso no llegó a gastar el dinero que habría correspondido a su eventual sustituto.
Rodríguez presentó un recurso de amparo ante el **Tribunal Constitucional** en relación con la condena que le impuso el Supremo por agredir a un policía durante una manifestación anterior a su elección como diputado. En enero de **2024**, el Constitucional falló a su favor, considerando que se vulneraron sus derechos fundamentales durante el proceso judicial.
FUE UN «SACRIFICIO DESPROPORCIONADO»
El Supremo había condenado a Rodríguez a **un mes y 15 días de prisión** por un delito de atentado a agente de la autoridad, junto a una pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Sustituyó la pena de prisión por una multa de **540 euros**, pero aclaró que este cambio de la pena principal no afectaba la pena accesoria, que fue la razón por la que Rodríguez perdió su asiento en el Congreso.
El TC determinó que la actuación del Supremo fue incorrecta, pues al reemplazar la pena de prisión por multa ya no era posible mantener la inhabilitación. Para el máximo intérprete de la **Constitución**, mantener la inhabilitación como pena accesoria se apartó del principio constitucional de proporcionalidad, implicando «un desproporcionado sacrificio que produce un patente derroche inútil de coacción».
Por ello, el TC anuló la condena a prisión e inhabilitación, manteniendo únicamente la de multa, aunque sin consecuencias prácticas, ya que la sanción ya se había pagado y la inhabilitación se había cumplido tras su salida del Congreso.
Para más información, puedes leer sobre el Congreso de los Diputados o consultar el fallo del Tribunal Constitucional.
