MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) –
El Tribunal Constitucional (TC) ha ampliado su decisión de **apartarse al magistrado José María Macías** del debate sobre la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo respecto a la amnistía a todas las deliberaciones sobre los recursos presentados contra la ley por su «participación directa o indirecta» en dos informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando ocupaba el cargo de vocal.
Fuentes jurídicas confirman que el Pleno ha acordado esto con seis votos a favor, de los magistrados del ala progresista, y cuatro en contra, pertenecientes al sector conservador. Así, se ha aprobado por mayoría la ponencia elaborada por la vicepresidenta del tribunal, la magistrada Inmaculada Montalbán.
Las mismas fuentes explican que la mayoría progresista considera que, una vez que se ha estimado una causa de **recusación objetiva**, esta es aplicable a todos los procedimientos que tengan por objeto la resolución sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley de amnistía.
Fue el pasado 15 de enero cuando el Constitucional decidió **apartarse a Macías** del debate sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo. Esta decisión se tomó también con seis votos a favor y cuatro en contra.
El tribunal concluyó que Macías, en su rol como vocal del CGPJ, pudo «tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad», aspectos que constituyen causa de recusación según la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), motivo por el cual se dio validez a la recusación planteada por la Fiscalía.
LA PETICIÓN DE FISCALÍA
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, solicitó la remoción del magistrado al considerar que, al ser vocal del CGPJ, se pronunció en hasta dos ocasiones en documentos con «valor institucional» sobre la ley de amnistía, lo que podría comprometer su participación actual en las deliberaciones del TC sobre esta norma legal.
En particular, el Ministerio Público hacía referencia al acuerdo de Pleno del 6 de noviembre de 2023, en el que se aprobó la declaración institucional del CGPJ ante el anuncio del presidente del Gobierno sobre un pacto político para presentar una proposición de Ley Orgánica de Amnistía; y al acuerdo de Pleno del 21 de marzo de 2024, que aprobó el informe del CGPJ sobre la Proposición de Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, emitido a solicitud de la Mesa del Senado.
El Constitucional coincidió con el criterio de la Fiscalía y decidió **apartarse al magistrado**, fundamentándose en una ponencia redactada también por Montalbán. Recordó que uno de los informes del CGPJ se emitió a solicitud de la Mesa del Senado y se integró en el proceso legislativo de la proposición de Ley Orgánica de Amnistía, sirviendo de soporte técnico al veto formulado por un grupo parlamentario del Senado y aprobado por mayoría en la Cámara Alta.
El TC subrayó también que había una identidad entre las cuestiones planteadas por el Supremo y las analizadas en el informe de legalidad en el que participó el magistrado recusado; que tales cuestiones fueron objeto de un exhaustivo análisis jurídico constitucional en el informe del CGPJ; y que existía una proximidad temporal clara entre la emisión del informe y el planteamiento de las dudas de constitucionalidad por el Supremo (cuatro meses), así como la presentación de la **recusación** por el fiscal general (seis meses).
Macías es el segundo magistrado que se ve **apartado del debate de la amnistía**, ya que Juan Carlos Campo decidió abstenerse de las deliberaciones tras haber declarado como ministro de Justicia que la amnistía era «claramente inconstitucional» en informes a favor de indultar a los condenados por el ‘procés’.
El PP y las comunidades autónomas gobernadas por este partido intentaron **excluir del debate al presidente del TC**, Cándido Conde-Pumpido, y a la magistrada progresista Laura Díez, pero el Pleno del tribunal desestimó sus intentos. La corte de garantías también rechazó, por extemporánea, la solicitud de la Abogacía del Estado para dejar fuera del debate a Macías.
