Achaca la situación a «la exacerbación injustificada de las acusaciones» y solicita unificar las populares
MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) –
La defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha solicitado al magistrado del Tribunal Supremo (TS) que le investiga por una presunta filtración contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que adopte las medidas necesarias para evitar que se continúen produciendo filtraciones de la investigación judicial, al considerar que han generado un «juicio paralelo» que podría influir en el desenlace del caso.
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la Abogacía del Estado, en defensa de García Ortiz, denuncia una «vulneración del derecho a un juicio justo y con todas las garantías y a la presunción de inocencia», debido a la creación de un juicio paralelo que se lleva a cabo a través de las acusaciones particular y populares en los medios de comunicación.
Los Servicios Jurídicos del Estado denuncian específicamente «filtraciones ilegales» del contenido de «las diligencias de instrucción e informes sobre los dispositivos electrónicos o de los mensajes privados» que han sido encontrados, afirmando que esto ha llevado a una «divulgación interesada y sesgada de esta información», a la que incluso se refiere como «información hostil».
Aclaran que no cuestionan la necesaria publicidad de un asunto penal de la trascendencia e interés público que representa esta causa especial, sino una difusión que puede «crear un estado de opinión sobre el proceso y el fallo» que lleve al público a pensar que la sentencia no puede ser otra que la de la condena.
«Aunque ello no haya influido en la decisión del tribunal, puede llegar a menoscabar, según sea su tenor, finalidad y contexto, la imparcialidad o la apariencia de imparcialidad de los jueces y tribunales», advierten, subrayando que la publicación de supuestos o reales estados de opinión pública puede influir en la decisión que deben adoptar.
Por ello, la Abogacía insta al instructor del caso, Ángel Hurtado, a que, «como garante de estos derechos fundamentales y del derecho a un proceso con todas las garantías», adopte las decisiones pertinentes para impedir la difusión en los medios de comunicación de este tipo de informaciones por parte de las acusaciones particular y populares.
En concreto, le exige «la adopción de medidas cautelares que permitan evitar que se produzcan nuevas vulneraciones de ese derecho a la intimidad» o, al menos, que permitan acreditar de manera suficiente quién o quiénes son los responsables de estas filtraciones.
LA IMPARCIALIDAD DEL INSTRUCTOR
De no hacerlo, advierte a Hurtado que «se estaría amparando este tipo de juicio paralelo», lo que provocaría «un menoscabo en la apariencia de imparcialidad del magistrado instructor» al consentir la publicación de supuestos o reales estados de opinión pública que pueden influir en la decisión que deba adoptar.
La defensa atribuye esta situación a «la exacerbación injustificada de las acusaciones», por lo que también solicita a Hurtado que «se considere que estas actuaciones constituyen un abuso en el ejercicio de su derecho como acusación», lo cual podría afectar gravemente la marcha de la causa y, en consecuencia, acuerde su agrupación en una sola acusación previo traslado a las partes.
Además, solicita a Hurtado que abra una pieza separada en base al artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que permite multar a quien «revelare indebidamente el contenido del sumario» con entre 500 y 10.000 euros.
