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Alegría reitera el respaldo a García Ortiz y Marlaska defiende los informes de la UCO «interpretados de forma distinta»
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha acusado este martes al juez del Tribunal Supremo de señalar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sin tener «prueba concreta» sobre la filtración que afecta a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. También se ha insinuado que se basa en «elucubraciones» para apuntar a la implicación de Presidencia del Gobierno.
«Hemos conocido un auto donde no hay ninguna prueba concreta que señale al fiscal general», afirmó la ministra Portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, criticando que la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, siga sin testificar por los presuntos delitos fiscales.
Después de que el TS citara a declarar a García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos, Alegría expresó que desde el Gobierno «no comparten la decisión sobre el fiscal general del Estado y su imputación». «El origen del delito está donde está, en la pareja de la señora Ayuso», añadió.
Además, reiteró la «confianza y apoyo absoluto» del Ejecutivo al fiscal general a pesar de la decisión del juez. Al ser preguntada si mantendrían este apoyo en caso de apertura de juicio oral, se mostró «prudente» respecto a los futuros acontecimientos, pero reafirmó su respaldo. «Le puedo garantizar que este Gobierno siempre va a apoyar a quien persigue el delito y no a quien lo comete», concluyó.
En relación con el último auto del juez del Supremo, la ministra portavoz también cuestionó que el magistrado dirija el foco hacia la implicación del Palacio de la Moncloa. «Me van a permitir que no opine o valore elucubraciones, porque son elucubraciones, no hay ninguna base documental», declaró.
«Estamos en un Estado de derecho y las afirmaciones se tienen que sustentar en indicios y aquí es que no los hay. Por tanto, me permitirá, como le digo, que no valore elucubraciones», insistió.
CARGA CONTRA MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ
Por otro lado, la ministra ha insistido en señalar al director de gabinete de Ayuso como el origen de los «bulos»: «No ha dudado ni un segundo en poner a disposición todos los recursos de la comunidad autónoma para proteger a la señora Ayuso y a su pareja», le reprochó.
Asimismo, lamentó que González Amador aún no haya sido llamado a declarar a pesar de que hace casi un año se sabe que «ha cometido dos delitos contra Hacienda», según sus acusaciones. En este sentido, subrayó que este martes la Fiscalía ha pedido a la jueza que lleve el caso que cite a declarar al novio de Ayuso.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió la labor de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. «Por supuesto que respaldo todo, cada uno de los informes de la UCO y del resto de unidades de Guardia Civil y de Policía Nacional», afirmó.
El titular del Interior lamentó que los informes de la UCO sean «interpretados de forma diferente por determinadas instituciones y determinados colectivos». «Me llama la atención que en casos muy significativos y que ustedes conocen, informes de la UCO indicando que no hay comisión de ningún delito, que no hay indicios, pues parece ser que no han sido suficientes para la autoridad judicial», agregó.
DEFIENDEN LA REFORMA DE LA ACUSACIÓN POPULAR
Por otro lado, Marlaska se refirió a la proposición de ley del PSOE que afecta a la acusación popular en los procedimientos judiciales y enfatizó que nadie discute la importancia de la acción popular en el Estado de Derecho, pero considera que ha sido utilizada de forma «espúrea y torticera» por parte de organizaciones de extrema derecha, buscando evitar la judicialización de la política.
Sobre los posibles efectos retroactivos de la misma, por ejemplo en el caso que afecta a la mujer del presidente Begoña Gómez, Marlaska declaró que las acusaciones populares no son las únicas que ejercitan la acción en un procedimiento penal vigente. También existen la acusación pública del Ministerio Fiscal o acusaciones particulares de afectados que continuarían habilitados para seguir esos procedimientos.
También argumentó que las críticas desde la oposición ponen en cuestión la actuación de la acusación pública que realiza la Fiscalía, fundamental en la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada. «No pongamos en tela de juicio una labor tan esencial y principal», pidió.
En este tema, Alegría indicó que la acusación popular es una figura «extraordinaria» en el ámbito europeo, presente solo en España y Andorra, y criticó al PP por referirse en términos peyorativos a esta reforma. En este sentido, recordó declaraciones de dirigentes del PP en 2017, cuando denunciaban el uso espurio de la acusación popular con fines políticos, argumentando que era necesario limitarlo.
