MADRID 3 Oct. –
El Gobierno propondrá incluir el derecho al aborto en la Constitución española para «consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres». Para ello, se contempla impulsar un procedimiento de reforma ordinario de la Carta Magna que requeriría una mayoría cualificada para su aprobación, según han informado fuentes del Gobierno.
Esta propuesta surge tras la polémica por la iniciativa de Vox aprobada en el Ayuntamiento de Madrid con el apoyo del PP, para ofrecer información sobre un supuesto «síndrome postaborto» a las mujeres que deseen interrumpir el embarazo.
Con la iniciativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez, España se convertiría en el segundo país del mundo en consagrar el derecho al aborto en su Constitución, después de que Francia lo hiciese en 2024. El objetivo es combatir «cualquier intento de retroceso futuro que amenace los derechos de las mujeres».
Además, el Ejecutivo busca «impedir» que las mujeres que desean interrumpir su embarazo reciban «información falsa o engañosa» o «sin evidencia científica», que pueda coaccionarlas, para lo que se propone modificar el Real Decreto 825/2010.
Según han detallado las fuentes del Gobierno, la reforma establecerá la obligación de que toda la información relacionada con el aborto tenga «base científica objetiva» y esté respaldada por «estándares de instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Psiquiatría (APA)«. «Teorías sin base científica como el supuesto ‘síndrome posaborto’ no tendrán cabida en estas clasificaciones», advierten desde el Ejecutivo.
«En un contexto global de ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos, España avanza para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas», han señalado las citadas fuentes del Gobierno, que añaden que «combate así cualquier intento de retroceso futuro que amenace los derechos de las mujeres».
Asimismo, han recordado que el propio Tribunal Constitucional reconoció la interrupción voluntaria del embarazo como un «derecho esencial» de las mujeres en su sentencia 44/2023, de 9 de mayo.
«El Gobierno de España continuará trabajando en todas las vías posibles para asegurar que las mujeres que desean ejercer libremente su derecho no sufran presiones de ningún tipo. Nuestro país seguirá siendo un referente internacional en la defensa de los derechos y libertades de las mujeres», sostienen.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya advirtió de que el Ejecutivo sería «garante» del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en España, donde está siendo «menoscabado» e «instrumentalizado» por «muchos» gobiernos autonómicos.
Así lo afirmó en declaraciones a los medios a su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea en Copenhague (Dinamarca), al ser preguntado por la aprobación en el Consistorio madrileño de la iniciativa para informar a las mujeres sobre el «síndrome postaborto».
El jefe del Ejecutivo declaró que, «desgraciadamente», un derecho como la interrupción voluntaria del embarazo «está siendo menoscabado, está siendo instrumentalizado y hay muchas mujeres que se sienten privadas de este derecho como consecuencia de un dogmatismo ideológico y de un sectarismo político que va más allá del Ayuntamiento de Madrid».
Según alertó Pedro Sánchez, «hay muchos gobiernos autonómicos dirigidos por el PP, con apoyo de la ultraderecha», que están «recortando ese derecho, trasladándolo a clínicas privadas en lugar de garantizarlo en el sistema nacional de salud pública». «Esto es algo que se repite de forma recurrente», enfatizó.
«EXTRAORDINARIAMENTE GRAVE»
«Lo que sucede en el Ayuntamiento de Madrid es extraordinariamente grave y demuestra cuán profunda es la alineación del PP con Vox en todo lo que tiene que ver con derechos, en sus recortes, en su retroceso, en su regresión», declaró el presidente.
Sánchez también afirmó que el Gobierno «será garante, una vez más, de que este derecho se preserve y no sea recortado ni menoscabado por la acción política de ayuntamientos que, claramente por su sectarismo político, por su dogmatismo ideológico, están en la regresión de derechos fundamentales como son los derechos de las mujeres».
Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, defendió el lunes la necesidad de blindar el aborto en la Constitución. En un acto conmemorativo por los 40 años de la legalización del aborto en España, la ministra se refirió a otros países, como Francia.
«Nos inspiran, y somos conscientes de que ese es el camino porque cuando los derechos se reconocen constitucionalmente, y hay un cambio de mayorías en el Gobierno, se respeta las reglas de juego y esas reglas son las constitucionales, son las democráticas», aseguró Ana Redondo.
En cualquier caso, ya en marzo de 2024, Redondo reconocía que en España no se daban las circunstancias para blindar el aborto en la Constitución. «Lamentablemente, no creo que en España se estén dando ahora mismo las circunstancias que exigen esos cambios constitucionales y esos grandes consensos», dijo entonces en una entrevista a TVE.
Este año se conmemora el 40 aniversario de la despenalización del aborto en España (Ley 5/1985), que lo reconocía de manera restringida. La Ley Orgánica 2/2010 reguló por primera vez el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de manera libre y sin supuestos durante las 14 primeras semanas de gestación.
En 2023, la LO 1/2023 amplió los mecanismos para garantizar el acceso a este derecho. Asimismo, la Ley Orgánica 4/2022, que modifica el Código Penal, refuerza la protección de este derecho al tipificar como delito las conductas de acoso y hostigamiento contra las mujeres que acuden a clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo.
