MADRID 5 Mar. –
El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha reafirmado su decisión de **prohibir la salida del país** al exministro de Transportes, **José Luis Ábalos**, así como de **retirarle el pasaporte**. Sin embargo, ha aceptado que comparezca cada 15 días ante el Juzgado Decano de Valencia en lugar de la secretaría de la Sala de lo Penal del alto tribunal, mientras se le investiga por la presunta adjudicación de contratos públicos al empresario **Víctor de Aldama** y sus socios a cambio de comisiones.
En un auto, el instructor desestima el recurso de reforma presentado por el actual diputado del Grupo Mixto, argumentando que «solo puede, en este momento, confirmarse la existencia de razonables indicios de la posible comisión por parte de don **José Luis Ábalos Meco** de diferentes ilícitos penales».
El magistrado rechaza el argumento de Ábalos de que, debido a su condición de diputado o a su rostro «fácilmente identificable», no existe riesgo de fuga. Puente sostiene que las **medidas cautelares** adoptadas son «necesarias» y «plenamente proporcionadas», ya que «solo de forma muy ligera, y en todo caso justificada, limitan la libertad ambulatoria del investigado».
El exministro subrayó que ninguno de los inmuebles con los que se encuentra vinculado le ha reportado ningún **beneficio o aprovechamiento**. Se distanció del piso de Plaza España, afirmando que nunca vivió allí y que las rentas fueron pagadas mayormente por el empresario **Luis Alberto Escolano**, socio del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.
En su auto, Puente responde que «siendo ello cierto, también es evidente que el mencionado apartamento era ocupado en el período ya tantas veces aludido por la persona que, según el propio Ábalos sostuvo en su declaración como investigado, era en ese momento su **pareja sentimental**».
Asimismo, el exministro se deslindó del chalet en **La Alcaidesa**, asegurando que no obtuvo **beneficio económico** alguno de ese alquiler y que incluso fue desahuciado del inmueble tras dejar de pagar rentas y ante un acuerdo amistoso.
«POTENCIA INCRIMINATORIA»
A pesar de todo, el magistrado resalta que Ábalos no mencionó en su recurso el piso de **Paseo de la Castellana** en Madrid, valorado en **1,9 millones de euros**. «En todo caso, es importante tener en cuenta que es el conjunto de inmuebles referidos el que, a juicio de este instructor, presenta una particular **potencia incriminatoria**, siempre en los términos indiciarios que resultan propios de este momento procesal», señala.
No obstante, en cuanto a las comparencias quincenales, el magistrado concluye que «no hay inconveniente» en que se realicen a partir de ahora ante el Juzgado Decano de Valencia, «siendo este el domicilio del investigado»; esto «sin perjuicio de que, si en las fechas previstas para ello, en consideración a su condición de Diputado o por otra razón, se encontrase en Madrid, las mismas tengan lugar en la Secretaría de este Tribunal Supremo».
Para más información, visita [Ministerio de Transportes](https://www.mitma.gob.es), [Ley de Instrucción Criminal](https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1882-6142) y [noticias relacionadas](https://www.eleconomista.es/politica/noticias/11197932/03/23/Avalos-denuncia-una-conspiracion-contra-él-en-la-comunicacion-de-sus-parlamentos.html).
