MADRID 19 Feb. –
Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado al Tribunal Supremo que instruya a las compañías telefónicas a conservar todos los datos de comunicaciones del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, desde el 1 de marzo de 2024, así como los registros del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y de otros tres excargos de Moncloa mencionados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Esta solicitud aparece en un documento dirigido al magistrado que investiga a García Ortiz y a otros dos fiscales por un presunto delito de revelación de secretos en relación a una supuesta filtración a la prensa acerca del novio de Díaz Ayuso.
González Amador, actuando como acusación particular en este caso, recuerda que «en apenas tres semanas se cumplirán los 12 meses del inicio del periodo» en el cual se habrían producido los hechos investigados, es decir, del 8 al 14 de marzo de 2024, lo que significaría «la eliminación de los datos automáticos conservados por los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas».
Por esta razón, y considerando «la relevancia de esos datos», solicita al instructor Ángel Hurtado que ordene a las compañías telefónicas conservar todos los datos de comunicaciones, no solo del fiscal general, sino también de los otros investigados: el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe, y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
Además, solicita la misma diligencia para otras dos personas que han testificado en el caso: el exlíder de los socialistas de Madrid Juan Lobato y la jefa de prensa de la Fiscalía General.
También exige conservar las comunicaciones de Pilar Sánchez Acera, la asesora de Moncloa que envió a Lobato el ‘email’ filtrado sobre González Amador; así como de los ex secretarios de Estado de Comunicación Francesc Vallés e Ion Antolín, actual director de comunicación del PSOE. Según la Guardia Civil, todas estas personas habrían tenido acceso al correo antes de su publicación en la prensa.
Asimismo, pide al magistrado que ordene a la UCO investigar si el archivo enviado por Sánchez Acera a Lobato «contiene metadatos que permitan saber el origen y tráfico».
González Amador destaca que era «evidente» y «comunicado con transparencia entre los interlocutores el sentido político perseguido con la revelación y el uso» del ‘email’ filtrado y la «búsqueda activa de su distribución masiva».
Cabe recordar que el magistrado apuntó, en una resolución del 14 de enero, que el correo electrónico filtrado tuvo «salida» de la Fiscalía y «destino» en «Presidencia del Gobierno», donde se hicieron «gestiones» para que se publicara en la prensa.
El magistrado citó a Lobato tras la información del diario ‘ABC’ el 24 de noviembre, que reveló que «Moncloa filtró el documento secreto del novio de Ayuso» y trató de implicar al socialista madrileño. El diario también informó que Lobato acudió a un notario para documentar su conversación de WhatsApp con Sánchez Acera, quien era entonces jefa de Gabinete de Óscar López, el cual a su vez era jefe de Gabinete de Pedro Sánchez.
Ese «documento secreto» era el ‘email’ en el cual la defensa de González Amador comunicó al fiscal que le investigaba por presuntos delitos fiscales, Julián Salto, que había «una voluntad firme de alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos». «Se han cometido claramente dos delitos contra la Hacienda Pública», afirmaba la misiva.
Lobato testificó durante hora y media, confirmando lo declarado públicamente, que había acudido al notario para dejar constancia de esos mensajes con el fin de evitar futuras responsabilidades.
PIDE ANALIZAR EL MÓVIL DE VILLAFAÑE
En el contexto del escrito, el novio de Díaz Ayuso también solicita al magistrado que indague con la Unidad de Informática de la Fiscalía General y con la oficina de móviles de Justicia y Hacienda cuántas veces –desde marzo de 2024– han cambiado de teléfono tanto Villafañe como la jefa de prensa de la Fiscalía General. Pide, además, que se soliciten los dispositivos de ambos desde entonces y que se confirme si estos dispositivos han sido formateados.
Asimismo, plantea que se le pida a Villafañe que aporte voluntariamente su teléfono móvil para que la UCO elabore un informe pericial sobre sus comunicaciones del 13 y 14 de marzo.
También reclama al instructor que solicite a la UCO si el archivo de word de la nota de prensa de la Fiscalía que envía García Ortiz a Rodríguez «contiene metadatos que permitan saber el origen y tráfico» de dicho archivo.
Por último, pide al magistrado que envíe a las sedes en España de Google y Meta la comisión rogatoria que se había enviado a sus oficinas matrices. En este sentido, el instructor había solicitado ayuda a ambas compañías para recuperar los chats de Whatsapp y correos electrónicos del fiscal general, después de que la UCO encontrara «cero mensajes» en sus dispositivos. García Ortiz explicó que había borrado el contenido por razones de seguridad.
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