El PP propone en el Congreso que el mandato del fiscal general no se alinee con el del Gobierno

El PP propone en el Congreso que el mandato del fiscal general no se alinee con el del Gobierno


También quiere «mejorar» las causas del cese del jefe del Ministerio Público

MADRID, 6 Abr.

El PP ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para instar al Gobierno a promover una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) con el objetivo de asegurar la «idoneidad» del candidato a fiscal general del Estado, mejorar las causas de su cese para garantizar su «plena independencia» del Poder Ejecutivo e impedir que su mandato coincida con el del Gobierno que lo propone.

En esta iniciativa, se propone también que se actualicen y mejoren las «reglas de funcionamiento de la Fiscalía» para garantizar la «máxima transparencia» de la institución con el Poder Ejecutivo.

En este contexto, busca otorgar al Ministerio Público un «mayor capacidad» en organización interna y gestión presupuestaria. Además, propone una actualización de los procesos de toma de decisiones, la resolución de discrepancias y el régimen disciplinario.

El PP también desea que se le otorgue «mayor peso» al Consejo Fiscal en la toma de «decisiones relevantes» que afecten a la «defensa de la independencia del Poder Judicial, la promoción de la acción de la Justicia, la defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público tutelado por la ley».

La formación política busca este «peso» para el órgano consultivo especialmente en lo que respecta a las garantías profesionales de los fiscales, en general, y en materia de nombramientos discrecionales, que deben regirse, exclusivamente, por los principios de mérito y capacidad.

VE «URGENTE» LA MODIFICACIÓN

Los ‘populares’ consideran «urgente» esta modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en un momento «en el que la situación procesal del máximo responsable de la Fiscalía contamina la credibilidad en su funcionamiento». Se refieren a la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el presunto delito de revelación de secretos atribuido por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Para el PP, esta situación «supone una anomalía democrática» que debe «resolver» mediante una reforma del Estatuto Orgánico que «evite la percepción de que el Ministerio Fiscal obedece las órdenes del Gobierno».

Además, recuerdan que la Asociación de Fiscales, la mayoritaria de la carrera, ha abogado también por una reforma del Estatuto para «profundizar la independencia de la Fiscalía respecto del Poder Ejecutivo». También menciona que el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos del Consejo de Europa ha recomendado a los Estados miembros sobre la gestión de las fiscalías para garantizar su independencia e imparcialidad.

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