En una carta al comisario de Justicia, avisa que mantener a García Ortiz en su cargo «dinamita la credibilidad de la institución»
MADRID, 18 Feb. –
La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha solicitado al comisario de Justicia, Michael McGrath, que estudie la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como «desviación del Estado de Derecho» en España. Según su análisis, mantenerlo en su puesto «dinamita la credibilidad de la institución y, por tanto, la salud del Estado de derecho en Europa».
«La desviación de poder para beneficiar a dirigentes políticos es constitutiva de prevaricación e incluso de cohecho si se demuestra que hubo contraprestaciones. Ningún cargo otorga inmunidad absoluta en casos de delitos dolosos. No dejemos que se produzcan derivas autoritarias y manipulaciones jurídicas que violan íntegramente los principios de nuestro Estado de Derecho», afirma Montserrat en la misiva enviada al comisario de Justicia.
La dirigente del PP menciona en su carta que España «se encuentra en un difícil momento» debido a la imputación del fiscal general, añadiendo que esto es «inaudito en democracia y en la UE», después de que el Tribunal Supremo lo imputase por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
«A pesar de estar imputado penalmente por revelación de secretos para perjudicar a la oposición política, se niega a dimitir en medio del clamor de asociaciones de fiscales que exigen su renuncia inmediata», subraya Montserrat.
«ELIMINACIÓN MASIVA DE MENSAJES» EN LA FASE DE INSTRUCCIÓN
Además, informa al comisario europeo que durante la fase de instrucción se ha conocido «la eliminación masiva de mensajes de correo electrónico y WhatsApp por parte de García Ortiz, no una vez, sino dos veces el pasado 16 de octubre, lo que podría constituir encubrimiento o destrucción de pruebas». Asimismo, considera que esto «demuestra un comportamiento de obstrucción a la justicia».
Montserrat destaca un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que «revela que los mensajes del teléfono del fiscal general fueron borrados el mismo día que el Tribunal Supremo abrió la causa contra él».
«Pero aún más grave, comisario, no es tanto que un miembro de las altas instituciones del Estado en el ejercicio de su cargo sea sospechoso, sino que el Gobierno, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza, contribuya a su protección y ataque sistemático a la labor de los jueces», argumenta Montserrat en su carta.
Montserrat recuerda que en diciembre pasado ya había solicitado la intervención de la Comisión Europea, que «es competente para exigir explicaciones a los Estados que se desvían del Estado de Derecho», «porque los ataques a los jueces desde el Gobierno perjudican la democracia y contribuyen a debilitar el Estado de Derecho en la UE».
Tras enfatizar que «un Poder Judicial independiente es esencial», sostiene que la Comisión Europea «debe utilizar los mecanismos disponibles para proteger los valores fundamentales de la Unión, pues está en juego nuestra credibilidad».
AÑADE LAS «DUDAS SOBRE LAS ACTUACIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL»
La portavoz del PP en Bruselas recalca que todo esto ocurre en un contexto en el que su partido también tiene «serias dudas sobre las actuaciones del Tribunal Constitucional (TC) y, en especial, de su presidente, Cándido Conde Pumpido, muy cercano al Gobierno».
«Como prueba, desde su cargo, el Ejecutivo no ha perdido ninguna de las causas más ideológicas revisadas por la Corte, aunque para ello haya sido necesario excluir de forma expedita a un magistrado», afirma, añadiendo que «la preocupación máxima» por la situación en la que se encuentra el TC «ha llevado al PP a presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) respecto a su sentencia sobre la limitación de funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante la prórroga de su mandato.
Montserrat concluye su misiva alabando que la UE «se basa en valores como la justicia y el Estado de Derecho». «Si un tribunal actúa de forma arbitraria, se pone en riesgo la legalidad europea», advierte, añadiendo que «la independencia del Poder Judicial implica la ausencia de presiones externas, incluidas las políticas».
«Detrás de todo ello está el hecho ineludible de que el Gobierno de Pedro Sánchez, mediante procedimientos parlamentarios acelerados que limitan el debate público y parlamentario, lleva a cabo reformas legales que afectan el corazón del Estado de Derecho», sostiene la eurodiputada del PP.
Finalmente, la portavoz del PP en el Parlamento Europeo concluye que «en estos momentos geoestratégicos de suma importancia para Europa, donde los populistas destruyen la imagen» de las instituciones, «es responsabilidad de todos demostrar a los ciudadanos que nadie está por encima de la ley, incluidos los políticos, fiscales o jueces del Tribunal Constitucional».
