Se afirma que la derecha emplea «lawfare» contra el Gobierno, y algunos jueces reconocen que hay causas «endebles».
MADRID, 24 de mayo. –
La fundación Avanza, liderada por el embajador de España ante la OCDE, Manuel Escudero, propone una ofensiva democrática ante el «tensionamiento brutal» que «las derechas» ejercen en la política. Entre sus propuestas, sugieren que los jueces impongan mayores sanciones contra lo que consideran prácticas inapropiadas.
En un documento que ha circulado, se menciona que hay un uso político de la Justicia, o «lawfare», contra adversarios políticos, responsabilizando a la derecha conservadora, que «desde el inicio ha buscado recuperar el poder a cualquier precio».
Según esta estrategia, pequeñas organizaciones de «revanchismo español» presentan ante los tribunales causas «endebles», que son aceptadas «rápidamente por algunos jueces» y posteriormente diseminadas a través de ciertos pseudomedios de comunicación.
La fundación Avanza, de la que forma parte el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exige «firmeza y contundencia» ante los «abusos» de la «estrategia antidemocrática de las derechas».
JUECES Y PERIODISTAS
Esta lucha no puede ser exclusiva del Gobierno y sus apoyos; requiere la participación activa de otros sectores de la sociedad, como los jueces y los periodistas.
«Los jueces y magistrados que desean preservar el sistema judicial como garante del imperio de la ley democrática deben establecer nuevos mecanismos efectivos de rendición de cuentas», se afirma.
AUTORREGULACIÓN DE LOS PERIODISTAS
Frente a la desinformación que, según indican, utiliza la derecha «política y mediática» contra el Gobierno de Sánchez, es necesario implementar medidas promovidas por el Gobierno y un movimiento civil coordinado contra la desinformación por parte de todos los actores involucrados.
Se mencionan iniciativas políticas como la exigencia pública de transparencia de los medios respecto a su propiedad y ayudas públicas, y el refuerzo del derecho al honor, medidas todas promovidas desde La Moncloa.
Además, se propone que las asociaciones de medios, agencias, verificadores de hechos e investigadores, así como educadores, se involucren. Es crucial que haya una autorregulación por parte de los periodistas que crean firmemente en que la salud democrática depende de la integridad de la información.
