La Abogacía del Estado critica el informe de la Guardia Civil sobre el registro en el despacho de la fiscal jefa provincial de Madrid
MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) –
La Abogacía del Estado, representando al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha cuestionado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por haber atribuido en su último informe la filtración de la denuncia contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe.
«Esta afirmación carece de fundamento y omite hechos relevantes sobre el posible acceso por terceros a dicha denuncia, así como al informe de la Agencia Tributaria«, indicaron los Servicios Jurídicos del Estado en un escrito accesible a Europa Press.
El documento que contiene estas alegaciones fue enviado al juez del Tribunal Supremo que investiga a García Ortiz y a Rodríguez por la supuesta filtración a la prensa de los correos electrónicos entre el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto, quien investiga presuntos delitos fiscales para llegar a un acuerdo.
La Abogacía del Estado sostiene que el informe de la UCO está repleto de «hasta 37 errores, irregularidades, omisiones e indebidas inferencias». Este informe también sugiere que el fiscal general tuvo una «participación preeminente» en «los hechos que finalmente derivaron en la filtración investigada» a raíz de la querella presentada por el novio de Díaz Ayuso.
«El informe de la UCO (…) sugiere que la denuncia contra González Amador, al haber sido comentada el 8 de marzo entre la Sra. Pilar Rodríguez y el Sr. Diego Villafañe, podría haber sido filtrada a la prensa por este entorno», señala la Abogacía del Estado, subrayando que esta afirmación «carece de fundamento».
«INDEBIDAS INFERENCIAS»
Los Servicios Jurídicos argumentan que la denuncia contra González Amador y el informe de la Agencia Tributaria sobre su caso «ya estaban a disposición de terceros, distintos a las personas investigadas en esta causa, desde el 5 de marzo de 2024, a través del Decanato de los Juzgados de Instrucción de Madrid».
Además, mencionan que «la denuncia y la documentación anexa» estaban en una «carpeta común» con más de 499 personas que tenían acceso, lo que «demuestra» que la documentación no estaba restringida únicamente al entorno de Rodríguez y Villafañe.
Por otro lado, la Abogacía del Estado también critica que el informe de la UCO parezca «insinuar de manera errónea» que Villafañe «no tenía entre sus funciones recibir la comunicación mencionada en relación con la denuncia contra Alberto González Amador».
Asimismo, resalta que varias conversaciones incluidas en el informe de la Guardia Civil se encuentran dentro de la «dación de cuentas», obligatorio según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).
También critica las inferencias que, según ella, realiza la UCO a partir de conversaciones intervenidas que no tienen valor probatorio alguno y recalca que el informe «omite cualquier inferencia favorable a los investigados», es decir, García Ortiz y Rodríguez.
Este jueves, el juez del Supremo encargado de la investigación ha emitido una providencia que defiende la actuación de los agentes y asegura que «no cabe formular reproche alguno al trabajo realizado por una unidad tan especializada y reconocida como es la UCO, sin perjuicio del derecho de la parte a su cuestionamiento».
Para más información, consulta esta noticia relacionada en Europa Press.
