MADRID 15 Ene. –
El juez instructor de la Audiencia Nacional que investiga las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre cargos de Podemos ha decidido enviar una comisión rogatoria a Venezuela para tomar declaración, por videoconferencia y en calidad de testigos, a Nervis Villalobos, exviceministro de Energía del Gobierno venezolano; a Javier Ochoa Alvarado, exviceministro de Electricidad y Desarrollo; y a Rafael Isea, quien fue ministro de Finanzas.
Así, en una providencia, el juez Santiago Pedraz ha fijado las declaraciones para el 18 de marzo a las 12.30 horas, accediendo así a la solicitud de Podemos y su ex secretario general Pablo Iglesias, quienes consideran que fueron informantes de los funcionarios policiales que llevaron a cabo estas supuestas investigaciones ilegales sobre el partido ‘morado’.
Por otro lado, se han programado otras seis declaraciones testificales, con la citación de José María García González, exsecretario general de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, el 22 de enero a las 10.15 horas. Este debería detallar la actuación administrativa a favor de Carlos Alberto Arias y esclarecer su “colaboración”.
En la misma jornada, se escuchará a Manuel López Vázquez, quien hasta marzo de 2016 fue comisario jefe de la UDEF, que desempeñó funciones predecesoras a las de José Manuel García Catalán, otro testigo.
Pedraz ha fijado también el 24 de enero para la declaración de dos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Uno de ellos era jefe de la Sección de Vigilancia de la Unidad de Asuntos Internos durante los hechos investigados y puede arrojar luz sobre las reuniones de los funcionarios de la organización investigada con los exdirigentes venezolanos en España. La otra declaración corresponde a la inspectora jefe de la UDEF, quien participó en las operaciones ‘Venus’ y ‘Bolívar’.
LUZ SOBRE EL ‘INFORME PISA’
Además, se celebrará otro día de declaraciones testificales el 28 de enero, con Natalia Fátima Carrascosa Penche y José Aliste. La primera es apoderada de 360 GLOBAL MEDIA, S.L. y puede esclarecer la recopilación de información para el Informe PISA.
El abogado José Aliste es quien, según Podemos, «intermediaba entre la cúpula policial y los ciudadanos venezolanos mencionados».
El titular del Juzgado Central de Instrucción ha acordado estas diligencias en relación con una querella presentada por Podemos contra antiguos altos cargos del Ministerio del Interior por investigaciones ajenas al control judicial sobre miembros de la organización política.
Vale recordar que en febrero de 2024, Pedraz admitió parcialmente la querella de Podemos contra el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el exdirector Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino por dichas investigaciones prospectivas. Sin embargo, rechazó investigar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y otros altos mandos policiales.
La querella fue presentada por delitos de organización criminal, revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental, mientras que los delitos de malversación y contra las instituciones del Estado fueron desechados.
En su escrito, Podemos sostiene que los querellados, bajo el mando del entonces secretario de Estado de Seguridad, realizaban investigaciones ajenas a cualquier interés policial, sin control judicial o del Ministerio Fiscal sobre la organización política.
Además, sostiene que Martínez informaba periódicamente al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien tenía la capacidad de decisión final, aprovechándose de su posición con la colaboración de agentes policiales.
OCHO ACTUACIONES CONCRETAS
El principal objetivo, según el partido, era la posterior filtración a los medios de comunicación, bajo la apariencia de fuentes policiales, para desprestigiar a la formación y afectar la inmunidad de sus diputados y demás cargos públicos.
Este modus operandi, se detalla en la querella, se concretó en ocho actuaciones, incluyendo la investigación al entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el informe PISA, la filtración de un documento fraudulento y la manipulación de registros policiales internos para dar un aire de legalidad a las acciones de los querellados.
