– Luiz Rampelotto/Europanewswire / Zuma Press / Euro
MADRID 8 Sep. –
El Gobierno de Israel ha comunicado el cierre del consulado del Reino Unido en Jerusalén y ha impuesto sanciones a doce políticos británicos, incluyendo al exlíder laborista Jeremy Corbyn. Esto forma parte de la respuesta a la prohibición de Londres sobre el comercio con asentamientos israelíes en territorio ocupado de Cisjordania.
El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, anunció en una rueda de prensa la expulsión del Reino Unido del Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC), responsable de supervisar el alto al fuego en la Franja de Gaza, una medida ya aplicada contra España y Países Bajos.
Saar criticó la decisión de Londres, recordando su apoyo histórico a la creación del Estado de Israel, y anunció la prohibición de entrada a doce políticos británicos y a otros ciudadanos por su participación en «actividades antisemitas y antiisraelíes» y por negar la existencia del Estado de Israel.
El titular de Exteriores también finalizó las labores del Reino Unido para «entrenar a las fuerzas de la Autoridad Palestina en Judea y Samaria», término usado por Israel para referirse a Cisjordania, bajo el Equipo de Apoyo Británico en Ramala.
Estas «contramedidas» se enmarcan como respuesta a la decisión de su homólogo británico, Ed Miliband, que ha calificado de «moralmente retorcida» la intervención en los asuntos de un Estado soberano en el contexto de las elecciones legislativas programadas por Israel para este octubre.
El Gobierno de Israel afirmó que la hostilidad del actual Gobierno laborista ha dejado sin opciones a Israel, justo antes de los días más sagrados del calendario judío, argumentos planteados con motivo del Congreso del Partido Laborista este mes.
Además, Miliband señaló que el Reino Unido adoptará sanciones contra un grupo de colonos extremistas por actos de violencia hacia comunidades palestinas, así como una ampliación de medidas por violaciones de Derechos Humanos, permitiendo actuar con mayor rapidez para frenar la expansión de asentamientos.
Esta medida británica se coordina con Francia y Canadá, que implementarán acciones similares para prohibir la importación de productos de asentamientos ilegales, uniéndose a otras naciones como Países Bajos, Irlanda, Bélgica, España y Noruega, que ya han iniciado este proceso.
