Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo deberán acudir al juzgado el lunes.
MADRID, 23
El Juzgado de Instrucción 3 de Madrid ha citado a declarar como investigados este lunes 26 de mayo a las 12.30 horas a dos altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid –Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo– durante la pandemia de Covid-19. Esto ha sido confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Mur era el director general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid en marzo de 2020 y firmó los protocolos de no derivación hospitalaria en residencias de mayores durante la primera ola del Covid-19. Peromingo, por su parte, era el geriatra que tomaba decisiones sobre 47 residencias en el área del Hospital de Móstoles y, en mayo de 2020, lo sustituyó en el cargo de director general tras su cese.
Se reabre, a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid, una causa que había sido archivada provisionalmente casi tres años antes, según ha informado la asociación 7.291 Verdad y Justicia en un comunicado.
DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA EN OCTUBRE DE 2024
El origen de esa solicitud está en una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, coordinada por Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, presentada en octubre del año pasado. La denuncia se dirigía, entre otros, contra altos cargos del Gobierno regional encabezado por Isabel Díaz Ayuso, por la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, según el artículo 511 del Código Penal.
En los últimos meses, varios familiares de fallecidos en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de Covid-19 han declarado ante la Fiscalía para narrar lo ocurrido.
Ambas asociaciones han celebrado que los altos cargos del Gobierno regional sean llamados a declarar como investigados, ya que «las instrucciones judiciales nunca se habían dirigido contra ellos».
«Estamos convencidas de que la responsabilidad penal y política no se detiene en Mur y Peromingo. Por eso, aunque en calidad de investigados no están obligados a decir la verdad, les pedimos que la cuenten y desvelen cuál fue la implicación del entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y de la propia Ayuso en las decisiones adoptadas por el Gobierno regional que tuvieron un impacto brutal en la vida de muchos residentes», han expresado las entidades en un comunicado conjunto.
El Ministerio Público dividió la denuncia colectiva de octubre entre la Fiscalía Provincial de Madrid, que recibió los casos de 53 denunciantes, y las fiscalías del Área de Móstoles (28), de Getafe-Leganés (15) y de Alcalá de Henares (13).
De los 53 denunciantes, 44 contaban con una querella previa ya archivada por delitos de homicidio u omisión del deber de socorro, y otros cuatro tenían una querella que aún estaba en fase de instrucción. Los cinco restantes no habían iniciado anteriormente ningún procedimiento judicial.
En cuanto a los 48 procedimientos con querella previa, la Fiscalía Provincial solicitó que declararan como investigados los «autores intelectuales y los firmantes del protocolo, ya identificados en la denuncia», refiriéndose a Mur y Peromingo.
El Juzgado 3 de Madrid es el primero en decidir reabrir una causa sobreseída previamente, tal como solicitó la Fiscalía Provincial. Otros juzgados habían decidido mantener el archivo, en contra del criterio del Ministerio Público. En todos estos casos, los denunciantes han presentado recursos.
Además de los procedimientos relacionados con la denuncia colectiva, otros familiares de residentes han presentado querellas directamente en los juzgados por el delito de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria.
En total, hay 92 procedimientos relacionados con denuncias o querellas sobre la posible comisión del delito del artículo 511 del Código Penal. Algunos están aún pendientes de decisión, mientras que cinco causas ya han llegado a la Audiencia Provincial tras los recursos interpuestos.
Las asociaciones han realizado varios actos de homenaje y protesta en los últimos meses, con motivo del quinto aniversario de la primera ola de la pandemia de Covid-19, para mantener sus reivindicaciones. Recientemente, se lanzó el documental ‘7.291’, que narra lo sucedido en marzo y abril de 2020.
