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Entre los firmantes figuran la exvicepresidenta del TC Adela Asúa, el magistrado emérito del TS Martín Pallín y otros destacados penalistas.
MADRID, 23 May. –
Un centenar de juristas del Grupo de Estudios de Política Criminal (GEPC) ha denunciado la comisión de **crímenes de guerra, de lesa humanidad** e incluso de **genocidio** por parte de Israel en Gaza. Han reclamado a España y a la Unión Europea que se personen en los procesos penales internacionales contra el Estado hebreo, además de solicitar la ruptura de las relaciones comerciales y diplomáticas.
En un comunicado firmado por un centenar de penalistas españoles, entre ellos más de cuarenta catedráticos de Derecho penal, el GEPC ha rechazado las actuaciones de Israel en la Franja Gaza y ha afirmado que «todos los conocimientos disponibles» sobre el conflicto «indican que el Ejército del Estado de Israel ha cometido **crímenes de guerra** y **crímenes de lesa humanidad**», y que existen «sólidos indicios» de que se está «ante un delito de **genocidio**».
Los firmantes expresan su **profundo rechazo** a la conducta del Gobierno israelí y critican la «pasividad predominante» de la comunidad internacional, dirigiendo su mirada a Estados Unidos por su apoyo económico y militar a Israel, y a la Unión Europea por su «equidistancia» o, en ocasiones, su apoyo claro al Estado hebreo. También cuestionan el «insuficiente compromiso» del Gobierno español.
Además, el GEPC subraya que «la responsabilidad primera» recae sobre Israel, que «ha incumplido reiteradamente» resoluciones de Naciones Unidas desde 1947, ocupando y anexando territorios que «nunca le han sido reconocidos internacionalmente». Asimismo, piden que las **autoridades palestinas** contribuyan a la solución del conflicto, renunciando explícitamente a «comportamientos terroristas».
Ante esta situación, los firmantes exigen a los Veintisiete, especialmente a España, que se personen en los procesos penales internacionales contra dirigentes israelíes, promuevan investigaciones y presenten querellas por los delitos presuntamente cometidos. También demandan la aplicación efectiva del principio de **jurisdicción universal** y una involucración directa en la solución «política» del conflicto.
Añaden la necesidad de prohibir, «con efectos retroactivos», los intercambios comerciales directos o a través de intermediarios con Israel de suministro militar y, como medio para «favorear la reacción de la sociedad israelí», solicitan la ruptura total de las relaciones diplomáticas y comerciales con el país dirigido por Benjamin Netanyahu.
«La comunidad internacional debe implicarse con decisión en la solución del conflicto, además de rechazar sin ambages las recientes propuestas de Estados Unidos que aceptan e incluso incentivan la política de hechos consumados de Israel. La responsabilidad histórica de diversos estados y sociedades europeas en el exterminio y genocidio del pueblo judío no justifica su inacción e hipocresía actuales», se indica en el comunicado.
Entre los firmantes destacan **Adela Asúa**, exvicepresidenta del Tribunal Constitucional, y **José Antonio Martín Pallín**, magistrado emérito del Tribunal Supremo. También firman, entre otros, los catedráticos de Derecho Penal **Mercedes García Arán** y **Juan M. Terradillos**, así como **Jon Mirena Landa**, director de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de Vizcaya.
Para más información, visita estos enlaces: Naciones Unidas sobre el conflicto, Amnistía Internacional sobre los derechos humanos, Ministerio de Justicia de España.
