MADRID 3 Mar. –
La Audiencia Provincial de Madrid ha validado la pieza separada abierta por la jueza Inmaculada Iglesias para investigar si **Alberto González Amador**, pareja de **Isabel Díaz Ayuso**, podría haber incurrido en la comisión de delitos distintos a los que ya están siendo instruidos en la causa principal relacionada con un supuesto **fraude fiscal**.
Así se refleja en un auto emitido este lunes, al que se tuvo acceso, en el que los magistrados desestiman el recurso de apelación presentado por los abogados del novio de la presidenta contra el auto por el cual el Juzgado número 19 de Madrid abría la pieza separada.
González Amador compareció el pasado lunes ante la magistrada como investigado en la pieza principal, aunque decidió acogerse a su derecho a no declarar por recomendación de sus abogados hasta que se resolviera el recurso en cuestión, ya que afecta a la causa que se instruye por **dos delitos fiscales**.
Los magistrados consideran que en el presente «momento procesal resulta procedente la sustanciación del proceso con el fin de esclarecer si los hechos objeto de la pieza separada abierta pueden constituir una infracción penal».
«Las operaciones económicas y jurídicas realizadas podrán o no tener el alcance que se menciona, pero a la conclusión que corresponda se deberá llegar tras la correspondiente investigación abierta», indican los jueces.
La magistrada decidió el pasado mes de octubre abrir una investigación adicional al procedimiento principal por el supueso uso de una **sociedad instrumental** para «ocultar unos ingresos» del **Grupo Quirón** que debieron ser declarados. Esto se hizo al estimar parcialmente un recurso de reforma interpuesto por el **PSOE** y **Más Madrid** contra el auto en el que la jueza rechazó el 31 de julio las diligencias solicitadas por esta parte que ejerce la acusación popular.
NUEVOS DELITOS
La pieza separada se establece para investigar posibles nuevos delitos «en la utilización de la sociedad instrumental o de pantalla a **Masterman S.L** mediante la cesión parcial de un contrato de servicios firmado entre **Maxwell Cremona S.L** – empresa de Alberto González Amador – y su cliente **Quirón Prevención S.L**».
La resolución analiza «si los hechos relacionados con la utilización de la sociedad interpuesta **Masterman S.L** para ocultar unos ingresos que debieron ser declarados por **Maxwell Cremona S.L** pueden ser constitutivos de otros delitos que deben ser investigados».
La acusación popular sostiene que detrás de esta simulación subjetiva del negocio jurídico puede haber «una **administración desleal**, tal como apunta el Abogado del Estado, o incluso un delito de **corrupción en los negocios**, o ambas cosas, considerando el importe pagado de casi 500.000 euros por las participaciones de **Masterman S.L** en ese momento propiedad de la mujer del presidente de **Quirón Prevención**».
Se considera que puede tratarse de «una contraprestación que podría deberse a la adjudicación de los contratos que se otorgaron a **Maxwell** y después a **Masterman** por **Quirón Prevención**, o una contraprestación por la operación en la que **Maxwell** intermedió y por la cual **MAPE Asesores** adquirió productos sanitarios de las empresas **FCS Products, SL** e **Inteconn, INC**, ya que como resultado de esas operaciones, **Maxwell** facturó a ambas empresas 2.021.900 euros en 2020».
Para más información sobre el **fraude fiscal** y su repercusión en la política española, puedes leer más en [el informe del Ministerio de Hacienda](https://www.hacienda.gob.es/) o explorar casos recientes de **corrupción en los negocios** en [la sección de economía de El País](https://elpais.com/economia/).
